Una de las brechas entre nosotros y el homo economicus

Por Daniela Montes de Oca Carreño

Esto es solo un pensamiento, pero me parece que los humanos nos volvemos cada vez menos predecibles y más alejados del homo economicus ideal, ese que se supone es un ser racional. Mi teoría es que la educación es el problema, y también la solución.

El origen de esta idea viene del miedo que sentí ante la posibilidad de que ganara el rechazo, y la posibilidad de que ganara Trump, otra vez. Es totalmente justificable cualquiera de las dos opciones en cualquiera de las dos votaciones, por algo se hacen, pero para mí era claro que este homo economicus si votaba algo, era apruebo y Biden. Y suponiendo que la mayoría se comporta como él, era una clara victoria en ambos casos. Pero las personas no somos tan racionales, y no contamos con toda la información disponible como para que el escenario rechazo-Trump fuera irreal.

Cuando se estudia teoría de juegos, en los cursos más básicos, se plantean los supuestos de racionalidad de los jugadores y conocimiento común (cada jugador sabe que el otro es racional), y se modela de manera distinta según la información que posean los jugadores. Por lo tanto, es clave la racionalidad de las personas y la información que disponen al momento de tomar decisiones.

Si las personas no actúan de manera racional puede ser porque no son capaces de modelar su función de utilidad y calcular el pago que reciben hoy por las acciones que toman, y claro, el que recibirán en el futuro también por esa misma acción, y lo mismo con todas las cosas que deciden. Bueno, que seamos capaces de hacer eso es bastante irreal. Quedándonos en la cancha delimitada anteriormente para analizar esta situación, si las personas no toman las mejores decisiones también puede ser porque les falta información. En un mundo ideal todos tendríamos toda la información disponible, en el mundo ideal de los mercados competitivos los encargados de llevar la información son los precios. Pero en el mundo real es muy difícil aceptar que todos contamos con toda la información disponible al momento de tomar cualquier decisión. Me atrevo a decir que ni siquiera contamos con las herramientas para poder procesar toda la información disponible, ni el tiempo. Irónico es decir que vivimos en la era de la información cuando estamos tan des- y mal- informados.

¿Cómo podemos acercarnos a este ser racional capaz de tomar las mejores decisiones? La única respuesta que yo veo es la educación. Es necesario que las personas seamos realmente capaces de adquirir y procesar información. Es necesario que seamos capaces de discriminar qué información es verídica y cuál es falsa. Que seamos capaces de leer y entender lo que estamos viendo. Que seamos capaces de expresarnos de manera clara (algo que por ejemplo, yo aún no domino bien). Cuando nos enfrentamos a decisiones pequeñas, como qué comer de almuerzo, y otras más grandes como qué votar en el plebiscito o las elecciones, o aún más grandes como dónde comprar una propiedad, necesitamos saber qué información conseguir, cómo hacerlo y cómo procesarla para escoger la mejor opción. En las mallas curriculares escolares necesitamos educación cívica, educación financiera (sigo insistiendo en este punto), necesitamos más y mejores horas de historia y filosofía. Y necesitamos ofrecer esos cursos a los apoderados, para que aquellos que no se han podido educar en estos ámbitos lo hagan en conjunto con sus hijos. Si se quiere contar con ciudadanos que sean parecidos al homo economicus, que sean personas racionales, lo que se debe hacer es educarlos.

Elección de Gobernadores Regionales: Un compromiso ineludible

Por Daniel Pacheco Henríquez

En días recientes han trascendido declaraciones de diversos parlamentarios –fundamentalmente de derecha– en torno a la posibilidad de volver a aplazar la elección de gobernadores regionales. Su última modificación situaba los comicios para el 11 de abril de 2021, con segunda vuelta el 9 de mayo. Lo que se propone hoy en día, es mover el proceso hacia fines del próximo año, estando más en línea con las elecciones presidenciales y de los nuevos congresistas.

Quienes están liderando la iniciativa a favor de posponer lo planificado arguyen que, a la fecha, no ha habido una agenda legislativa que facilite el cambio institucional acorde a lo que significa esta medida para el proceso descentralizador del país. Más concreto, visualizan que, de no cambiar el calendario, tendríamos gobernadores sin claridad respecto de sus verdaderas facultades y atribuciones, lo que llevaría a un conflicto de gobernabilidad dentro de los propios territorios. Por lo tanto, aplazando la instancia se ganarían valiosos meses para diseñar un mejor marco administrativo para un correcto ejercicio de las nuevas autoridades.

Dicho todo lo anterior, mi impresión es que, más allá de las dudas propias que genera un suceso inédito en la historia política nacional, con efectiva incertidumbre en relación a un real traspaso de competencias y autonomía a las regiones, todo apunta a que este nuevo intento de correr las elecciones obedece más bien a que los sectores políticos están buscando contar con un mejor escenario para poder proclamar a sus candidatos. Cálculo político puro, debido a que la estrategia tiene como foco poder favorecer, por un lado, a todos quienes, producto de la ley que limita la reelección, no podrían seguir ejerciendo sus respectivos cargos, además de generar incentivos también a todos aquellos personeros de Gobierno que, en contexto de estallido social, no pudieron renunciar a sus deberes en octubre pasado. Todo esto en consideración de la ley que exige dimitir un año antes de la cita electoral para poder presentar una candidatura.

Lamentablemente –como es posible apreciar– queda al descubierto que no existe verdaderamente la convicción a nivel transversal en nuestra clase dirigente, sobre la importancia que tiene una reforma de esta envergadura para las distintas regiones de nuestro país. Grosso modo, se somete como mera moneda de cambio a las burdas, vacías y desgastadas jugarretas de poder de una elite centralista hegemónica, la esperanza de cientos de conciudadanos que anhelan mejores políticas públicas en sus localidades, con sentido de pertenencia, adaptadas a las propias vivencias y dinámicas específicas de las disímiles experiencias que nos impone nuestra “loca geografía”.

¿Qué podría asegurar que el hecho de volver a atrasar la elección de gobernadores regionales sería el puntapié al inicio de una discusión legislativa que promueva dotar el proceso descentralizador? El mensaje es claro, y los regionalistas debemos procurar que se cumplan las fechas y plazos establecidos. Es un compromiso de carácter ineludible con nuestra democracia. La oposición tampoco puede perderse en esto, es una buena oportunidad para demostrar liderazgo y volver a sintonizar con lo que aclaman los territorios. No dejar espacio ni a la más mínima duda, como ya algo han esbozado José Miguel Insulza, Jaime Quintana y Pepe Auth, entre otros/as.

Reflexiones desde el extremo austral

Por Daniel Pacheco Henríquez

A comienzos de este mes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que erige el Estatuto Chileno Antártico. Iniciativa que, en términos generales, busca modernizar la forma en que opera el Estado en el continente blanco, contribuyendo a una mejor protección y fortalecimiento de los derechos soberanos que se tienen en aquél vasto territorio. De buenas a primeras, una excelente noticia, pero como bien sabemos: no todo lo que brilla es oro. Por lo tanto, como buen magallánico y observador constante del debate público, me veo en la obligación de aportar con algunas reflexiones en torno al tema.

En primera instancia, es importante dejar constancia de que este proyecto ingresa al Congreso Nacional en enero del año 2014. Naturalmente uno se pregunta ¿Por qué se viene a convertir en ley más de seis años después de iniciar su trámite legislativo? Lo cierto es que no ha sido un periplo de ardua e intensa discusión, sino más bien todo lo contrario. Hasta hace poco tiempo atrás se encontraba en estado totalmente stand by.

Lo que sin duda fue el detonante para agilizar el proceso es la serie de acciones legislativas y comunicacionales que ha emprendido el gobierno argentino el último tiempo, sobre sus pretensiones en la plataforma continental extendida en el mar austral y antártico, aspecto que afectaría los intereses de Chile en la zona polar, llevando a la Cancillería a enviar una nota diplomática en mayo pasado a su par trasandino con la intención de aclarar esta controversia. Dicho esto, lo que se desprende a la luz de estos antecedentes es que, más que voluntad, iniciativa y convicción política acerca de la importancia que tiene el seguir garantizando una soberanía efectiva en propiedad antártica, el establecimiento de la ley se entiende como una ofensiva nacional frente a los movimientos del país vecino. De no haber ocurrido esto último, cuesta imaginar que se desempolvaran los documentos relativos al tema en Santiago y Valparaíso, lo que deja entrever que claramente esta discusión distaba bastante de ser una prioridad.

Otro punto importante dice relación con que, si bien es un tema evidentemente complejo, propio de especialistas en geopolítica, cuerpo diplomático y científicos, por las implicancias que eventualmente tendrá el nuevo estatuto en términos administrativos y jurídicos sobre la región de Magallanes y la Antártica Chilena, era imprescindible atender a la opinión y conocimientos de las personas que habitan esta bella porción del país. Aunque es sabido que el Instituto Antártico Chileno (Inach) –con sede en Punta Arenas– acompañó todo el proceso legislativo, que presentaron en comisiones representantes del gobierno regional de Magallanes y de empresas que prestan servicios importantes en la zona, me parece que el centro de la deliberación debía ser en la Patagonia austral. Era una oportunidad histórica para la región, puesto que sencillamente no es posible concebir de forma efectiva el tema sin Magallanes, puerta de entrada al maravilloso mundo en cuestión.

Todo lo anterior deja de manifiesto que otra vez –como ha sido la tónica desde los albores de la República– se deja al margen, sin consideración a esta noble y aislada región, presa de una institucionalidad centralista asfixiaste. Es hora de que se abandone aquella máxima de “Magallanes como fin del mundo”, o como mero terreno de colonización, y pase a entenderse como lugar funcional, es decir, como eje estructurador que proyecta al Estado chileno, como zona geográfica que penetra hacia las tierras polares.

Punto aparte, la corta y plana visita a la región del presidente Piñera junto a la comitiva de ministros de las carteras implicadas hace pocos días atrás con objeto de promulgar la citada ley. En donde no se quiso responder ni una sola pregunta a la prensa local. Lo que alimenta la especulación de que el Estatuto Chileno Antártico bien se podría haber firmado en cualquier salón del palacio de La Moneda. ¡Insólito!

Informalidad laboral: una piedra en el zapato ante la crisis

Por Matías Acuña Núñez

Hasta antes de la pandemia, el sector informal en Chile representaba al 28,8% del empleo total, según cifras del Instituto Nacional de Estadística. Vale decir, alrededor de un tercio de los trabajadores chilenos llevaban a cabo sus actividades laborales al margen de las regulaciones formales. (Hoy esta cifra ha disminuido a 23,5%, lo que no se debe a méritos de la autoridad sino al impacto que ha generado el confinamiento al normal desarrollo del comercio, servicios de comida y alojamiento). Según el Centro de Políticas Públicas UC, serían alrededor de 3 millones de trabajadores quienes se encuentran en empleos informales.

Para entender más a cabalidad la magnitud de este fenómeno, puede ser interesante, por ejemplo, visualizar las cifras en perspectiva comparada respecto a las de los demás países, sobre todo con los que comúnmente nos gusta compararnos. Si bien en Chile la participación de la economía informal en el PIB es la menor de América Latina (20%), los países OCDE presentan tasas de 10% y 15%, en promedio. Por consiguiente, aún nos encontramos lejos de ellos en esta materia.

Además, la cifras nacionales de trabajo informal se han mantenido constantes en los últimos 15 años, por lo que no se aprecia una mejora en el último tiempo.

Por otra parte, este fenómeno puede parecer insustancial si es que no se entienden sus implicancias. A ciencia cierta, de acuerdo a la evidencia sobre este tema, el trabajo informal provoca efectos negativos que se podrían dividir en cuatro esferas. Primero, consecuencias negativas para el propio trabajador como pueden ser pérdidas en materia de productividad, menor capacidad de crecimiento de las empresas, menores e inciertos ingresos, mayor posibilidad de quedar desempleado o de permanecer en la informalidad. Además significa, y quizás es lo más delicado, un nulo acceso al sistema de seguridad social, es decir, el trabajo informal implica que a las personas no les sea garantizada protección en salud, desempleo ni pensiones. En segundo lugar, efectos negativos para la recaudación fiscal que podría ser destinada a gasto público: los trabajadores informales no se acogen al registro tributario formal. Tercero, y estrictamente en el caso del comercio ambulante informal, puede generar externalidades negativas como insalubridad, deterioro del espacio público y reducción del valor de los inmuebles. Por último, perjudica la igualdad de género, pues tiene efectos negativos mayormente en las mujeres: incluso dentro del propio mercado informal, los hombres acceden a mejores trabajos -y mayores sueldos- que las mujeres, quienes generalmente se desempeñan como empleadas por subcontrato, dueñas de casa o vendedoras ambulantes.

Como es de suponer, estos efectos negativos pueden multiplicarse en períodos de crisis. El Covid ha provocado que la importante presencia del trabajo informal en nuestro país haya sido problemática en el marco de las medidas sanitarias y económicas adoptadas por la autoridad, al menos, en cuatro momentos. Respecto a las medidas sanitarias, el fenómeno del trabajo informal fue problemático cuando, ante las primeras medidas de cuarentena, la gente se veía imposibilitada para salir a trabajar o percibía una notable caída en la demanda (ante la menor cantidad de gente en las calles), lo que les impedía traer a la casa el dinero del día para sus necesidades más básicas. Desde luego, esto sigue ocurriendo al día de hoy.

Respecto a las medidas económicas, el trabajo informal también supuso un problema. La Ley de Protección del empleo, por un lado, no está naturalmente diseñada para gente que no tiene -o tiene pocos- fondos en el seguro de cesantía, como es el caso de los trabajadores informales. En el momento en que se echó a andar esta medida, no se consideró a este segmento.

Por otro lado, el bono de apoyo a la clase media que se encuentra en trámite legislativo, tiene el requisito de que las personas deben pertenecer al Registro Social de Hogares y deben demostrar una reducción del 30% o más de sus ingresos. Los trabajadores informales no tienen como acreditar aquello, lo que nos muestra que nuevamente las acciones propuestas por el gobierno no contemplan al sector.

Por último, el proyecto más emblemático del último tiempo probablemente, el retiro de fondos de pensión, también colisiona con la realidad del trabajo informal. Y es que quienes se ganan la vida en este sector tienen nulo o escaso nivel de cotizaciones, por lo que esta medida no los beneficiará o lo hará en baja medida.

Sin dejar de referirme a este último punto, quiero centrarme en los efectos socio-políticos que significó esta política. Si consideramos que la aprobación del “retiro del 10%” es una victoria para quienes tenemos esperanza en revertir la falta de credibilidad y confianza de la ciudadanía en las instituciones, de esta victoria estarán excluidos -como ya lo están de otras cosas- los trabajadores informales. 

La persistencia de la informalidad laboral en nuestro país está lejos de ser un asunto de los trabajadores: comprende un problema estructural en el que Estado de Chile está al debe. Uno que acentúa la pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional, como también la desigualdad social y económica. Urgen medidas estructurales en esta dirección que simplifiquen la burocracia y el sistema tributario, capaciten, presten apoyo financiero y fiscalicen a la población de manera que tengan incentivos para formalizar su fuente de trabajo.

Esta pandemia nos ha mostrado que no echar mano a aspectos complejos de manera oportuna trae consecuencias no deseables y dificultades a la hora de implementar políticas públicas. Nos da cuenta, entre muchas otras cosas, que la informalidad laboral ha sido una molestosa piedra en el zapato para enfrentar esta crisis.

Links de interés

Instituto Nacional de Estadística. 2020. Boletín Estadístico: Empleo Trismestral.
https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/boletines/2020/pa%C3%ADs/bolet%C3%ADn-empleo-nacional-trimestre-m%C3%B3vil-marzo-abril-mayo-2020.pdf

Schneider, Friedrich; Buehn, Andreas. 2013. “Shadow Economy in highly developed OECD countries: What are the driving forces?”.

Chen, Martha. 2001. “Women in the informal sector: a global picture, the global movement”

López, Fernando. 2020 “Retiro del 10%: Ideas para hacerlo menos regresivo
https://ciperchile.cl/2020/07/17/retiro-del-10-ideas-para-hacerlo-menos-regresivo/#_ftn1

Centro de Políticas Públicas UC. 2020. “Propuestas de apoyo económico para los trabajadores informales vulnerables durante la emergencia del Covid-19”. https://politicaspublicas.uc.cl/wp-content/uploads/2020/05/Paper-122_VF.pdf

¿No lo vimos venir?

Por Rocío Leiva Mora

Probablemente estemos de acuerdo en que vivimos tiempos de rápidos y constantes cambios, en una sociedad dinámica y acelerada. El avance exponencial de la tecnología, los cambios medioambientales, la interdependencia política y financiera entre países, traen como subproducto que nuestra sociedad esté sujeta a constante cambio y con ello, a altos niveles de incertidumbre. Con un acceso a grandes cantidades de información a solo un click, podemos caer en una ilusión de conocimiento, cuando en realidad a nivel individual sabemos menos de lo que pensamos y, a pesar de que contamos con más herramientas que en el pasado, resulta cada vez más complejo anticipar el futuro. El mito del individuo racional se desvanece poco a poco y con ello viene el aceptar la dificultad de anticipar el futuro y la responsabilidad reflexiva que a esto le acompaña.

Es sencillo decir que algo era obvio luego de que ocurrió. Difícilmente alguien a inicios del 2019 podría haber anticipado con exactitud lo que ocurriría del 18 de octubre del mismo año y, en dicha fecha, me atrevo a decir que era prácticamente imposible suponer lo que estaríamos viviendo hoy a nivel mundial. Con esto no pretendo defender la miopía de la elite y de la clase política; a lo que voy es que, al momento de juzgar los fenómenos sociales y políticos, se debe tener en cuenta lo complejo de anticiparse a los hechos (sobre todo en horizontes temporales lejanos) en una era tan impredecible como la nuestra y, esto debe considerarse al momento de proponer y discutir políticas públicas. Esta incertidumbre se reduciría si se tuviera un apropiado diagnostico de la realidad actual y de los problemas del presente; sin embargo, hoy nos vemos enfrentados a fenómenos que obstaculizan el buen hábito del dialogo y la reflexión, como lo son las corrientes populistas, la posverdad y las discusiones basadas en ideologías más que en razonamientos honestos y respetuosos.

En este último tiempo hemos visto cómo nuestro sistema político es más reactivo que proactivo y que las discusiones tienden a centrarse en cuestiones más inmediatas y urgentes que estructurales y de largo plazo (aunque claramente debe haber un equilibrio entre lo urgente y el largo plazo). Aún cuando se discuten asuntos de tipo estructural, como una constitución política, los incentivos individuales tienden a apuntar hacia el logro de gratificaciones inmediatas como popularidad, aceptación de “la manada” y la obtención de votos. Así, es necesario que a pesar de que nuestros incentivos individuales menosprecien las consecuencias en el largo plazo, ya sea por priorizar lo urgente, por incentivos ocultos o porque el vértigo ante un futuro incierto nos paraliza, es necesario repensar el camino que se está tomando, la calidad de las discusiones actuales y diseñar un sistema que incluso sea capaz de protegernos de nosotros mismos y de la miopía que puedan tener tanto los gobernantes actuales como futuros.

Los seres humanos no somos del todo racionales, eso ya lo sabemos, pero un ejercicio interesante es identificar cuándo no estamos siendo racionales y el efecto de esto en nuestras decisiones y comportamiento. El sesgo de retrospectiva es un sesgo cognitivo que tiene que ver con que, una vez conocido un resultado, se tiende a modificar el recuerdo de la opinión que se tenía previa a este, acomodándola al resultado ocurrido. En otras palabras, a pesar de que uno no haya sido capaz de prever un evento, una vez que este ocurre, resulta obvio que ocurriera y se olvida que no se fue capaz de anticiparlo. Así, resulta tentador criticar a quienes debieron ser responsables de anticipar o solucionar lo ocurrido. A mi parecer esto puede llevar a la arrogancia intelectual de criticarlo todo, pero no proponer nada, de encontrar satisfacción en el juicio posterior pero no hacerse cargo de la reflexión anterior. Porque querámoslo o no, anticipar las futuras crisis y proponer instrumentos eficientes para hacerse cargo de ellas es una tarea más compleja que sencilla y un ingrediente necesario será siempre una reflexión sincera.

Es importante no quedarnos perplejos ante el futuro sino reflexionar cómo es la política que queremos para nuestro país, qué nivel de discusiones deseamos tener, qué calidad de políticos queremos que se levanten y si el rumbo que se está tomando actualmente es acorde a esto. Los cambios no ocurren simplemente, sino que son consecuencias de acciones previas. Si no reflexionamos acerca del futuro, este nos tomará desprevenidos y nuevamente, seremos reactivos. Si el cambio es la única constante, debemos reflexionar sobre cómo estos cambios interactúan con la política, tanto en el presente como en el futuro.

Necesitamos educación financiera

Por Daniela Montes de Oca Carreño

El debate que ha surgido con respecto al retiro de fondos de las AFP en este tiempo de pandemia es complejo. Enfrentamos dos problemas que tienen un horizonte temporal distinto, la pandemia es hoy y la vejez está en el futuro; es difícil calcular el valor presente del problema que será la vejez y compararlo con la pandemia, a nivel de individuos. Esto saca a la luz otro problema que suele pasar desapercibido en la sociedad chilena, la educación financiera. ¿Sabemos algo de finanzas? ¿Qué es una tasa de interés simple y una compuesta? ¿Qué es la inflación? ¿Qué significa el valor presente y el valor futuro del dinero? ¿Porqué el Centella ya no cuesta 100 pesos?

Un estudio que hizo el SERNAC en 2015 encontró que, de una muestra de jóvenes encuestados, un 74% declaró no conocer qué es un producto financiero, un 61% respondió de manera incorrecta cuando se le preguntó por el concepto de inflación, un 75% contestó incorrectamente por tasa de interés, un 80% contestó mal por endeudamiento y 3 de cada 5 no supo reconocer el crédito de consumo más conveniente entre 3 opciones. Esta es una pequeña muestra de lo poco que sabemos.

Pero paremos un poco, ¿qué es educación financiera? Es el conocimiento y manejo de habilidades requeridas para obtener y comprender información sobre recursos y herramientas financieras, para tomar decisiones informadas de consumo. Este tema es importante porque constantemente nos enfrentamos a decisiones que dependen de este conocimiento. Pueden ser decisiones grandes, por ejemplo, cómo financiar mis estudios o si tendré la capacidad de pagar el crédito que voy pedir. Pero también pueden ser decisiones más cotidianas como qué responderle al cajero cuando me pregunta si quiero pagar en cuotas la compra del mes. El acceso al crédito es muy necesario, pero es un arma de doble filo si no se educa a las personas; finalmente, si es ocupada de manera incorrecta puede producir un mal mayor que el bien que proporciona.

En términos de inclusión financiera estamos bien, según un informe de la SBIF (Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras) el 97% de la población adulta tiene acceso a algún producto financiero. La inclusión financiera es el acceso y uso de estos productos que, tienen potenciales beneficios como mayor facilidad y seguridad de transacciones, mejores opciones de ahorro y menores costos de transacción, pero solo si son bien usados. Entre estos productos figuran las cuentas corrientes, las cuentas vista, los depósitos a plazo, cuentas de ahorro y tarjetas de crédito. Estas últimas a mi parecer son las más riesgosas, pues con sus abultados cupos dan una sensación de riqueza que es una ilusión.

Lo preocupante: la deuda de los hogares en 2017 alcanzó niveles tan altos como el 46% del PIB, según la Encuesta Financiera de Hogares del Banco Central. El 66% de los hogares chilenos tiene alguna deuda y el 55% la tiene debido a consumo, lo que genera que el hogar mediano destine mensualmente un cuarto de su ingreso disponible únicamente a pagar deuda. Además el 28% de los hogares manifiesta usar tarjetas de crédito bancarias y el 44% de los hogares usa tarjetas no bancarias (de casas comerciales).

Es fundamental implementar planes de educación financiera efectivos. A nivel internacional se está usando la prueba PISA para medir y comparar los niveles de alfabetización financiera en los estudiantes, pareciera que los colegios podrían ser una buena instancia para educar en este ámbito, tanto a alumnos como a apoderados. En este mundo impredecible es muy útil contar con una herramienta que permita mover los recursos de manera intertemporal, ahorrar hoy y consumir mañana o consumir hoy y pagar mañana. Y también es muy práctica la capacidad que han tenido estos productos financieros de sacarle provecho a la tecnología, muchas veces facilitan la vida. Pero es importante conocer los riesgos y costos de nuestras decisiones, y para encontrarnos en una situación de igualdad en este ámbito, todos debemos tener la capacidad de manejar estas herramientas, no solo poder acceder a ellas.

Ensayo sobre la ceguera

Por Bruno Odone Pasquali

Nadie es profeta en su tierra, dicen. Así fue el caso de José Saramago, escritor portugués, que atacado por la iglesia y silenciado por el gobierno se vio obligado a marcharse del país luso en señal de protesta y “auto exiliarse” en Lanzarote, cálida isla española. Ahí, rodeado por el océano atlántico y dándole la espalda a su propia patria, escribió una de sus obras más aplaudidas: Ensayo sobre la ceguera del año 1995, según muchos la novela que le permitió dar el paso definitivo para ganar el Nobel de Literatura. En aquella obra, Saramago relata la expansión de una extraña pandemia que volvía ciegas a las personas. Finalmente, parece que efectivamente era profeta.

Digo esto último porque en realidad la novela de Saramago pretendía usar la pérdida de visión como una simple excusa para describir a una sociedad egoísta compuesta por individuos incapaces de mirarse más allá de sí mismos. Actitud que durante esta pandemia efectivamente hemos visto intensificada en nuestro país.

La ceguera abunda en tiempos pandémicos: Ciego es el gobierno, ciega es la oposición y ciegos somos todos nosotros (no lo digo yo, lo dice la ciencia).

Vamos por parte.

¿Por qué es ciego el gobierno? El ejecutivo ha demostrado, una vez más, una falta de visión al anunciar un paquete de medidas en donde tres de sus cuatro pilares (ampliación del CAE, postergación de dividendos y creación de créditos “blandos”) fomentan la deuda de los hogares chilenos. En un país donde, según el Banco Central, el 66% de los hogares tiene deuda y el 55% de esta es de consumo, un crédito blando no puede ser una solución. La explicación radica en que se está ignorando un sesgo cognitivo estudiado por la ciencia: La aversión al riesgo, un fenómeno psicológico que abunda en las personas y que básicamente se refiere a la preferencia de los individuos por evitar incertidumbre en sus inversiones financieras. Imagínense, querer que la gente tome créditos en la crisis económica más grande de los últimos 100 años. Hoy, más que nunca, la gente se verá inmovilizada a enfrentar decisiones riesgosas con tanta incertidumbre futura.

¿Por qué es ciega la oposición? Porque en lugar de impulsar el rol protector del Estado y cuidar a sus ciudadanos (rol históricamente defendido por la izquierda), se opta por una medida en donde se pretende que la gente financie la crisis con sus propios ahorros, usando la lógica del “ráscate con tus propias uñas” en plena crisis económica. Es sorprendente que la oposición defienda una medida regresiva y que va en contra del corazón de cualquier sistema de pensiones en el mundo: Combatir la inconsistencia dinámica, déjenme apelar una vez más a la ciencia. La inconsistencia dinámica es otro fenómeno psicológico que describe que al corto plazo la gente es más impaciente que al largo plazo, esto se traduce en una conducta llamada miopía del comportamiento. Haciendo una analogía con este defecto del ojo, se identificó que, de la misma forma que la miopía hace que cuanto más lejano se encuentre un objeto más borroso se vea este, en el comportamiento humano cuánto más lejano es el futuro, este es percibido por el cerebro como más “borroso” o indefinido.

La miopía del comportamiento nos impide tomar decisiones adecuadas respecto al futuro y terminamos sistemáticamente ahorrando menos en relación con las necesidades futuras que tendremos en nuestra vejez. Así nace el rol del Estado de protegernos de nuestros sesgos conductuales implementando políticas como el ahorro forzoso o la contribución obligatoria a un sistema de pensiones.

La pregunta clave es ¿realmente no hay otra medida más allá de ofrecer créditos blandos (ignorando la aversión al riesgo) u optar a que la gente use sus propios ahorros (ignorando la inconsistencia dinámica)? No seamos ciegos: Hay otras medidas como transferencias directas tipo subsidios o incluso un ingreso básico universal. Además, nadie habla acerca de una reactivación económica que sea compatible con el virus, ¿pretendemos mantener a la gente viviendo encerrada a punta de medidas de emergencia hasta que salga una vacuna? ¿Y si no aparece una vacuna este año, ni el que viene? (El sesgo optimista también nos enceguece de vez en cuando). En Chile seguimos haciendo vista gorda a este tipo de discusiones y el debate público se ha visto reducido a una penosa dicotomía entre créditos blandos o retiro de fondos.

No sé si son ciegos o se hacen los ciegos, pero que después no digan “no lo vimos venir”. Y es que en nuestra clase política pareciera que no hay muchos profetas.

¿Qué relación tienen los traumas infantiles con el destino de la sociedad?

Por Victoria Correa J.

Como “el mayor experimento psicológico de nuestros tiempos”, lo clasificó Elke Van Hoof, profesora en Psicología de la Salud de la Universidad de Vrije en Bruselas y especialista en estrés y trauma. Sin duda este encierro, voluntario para algunos, involuntario para otros, ha dejado en evidencia nuestras debilidades mentales en al menos algún grado. La ONU en un Policy Brief publicado en Mayo recién pasado, alerta sobre las condiciones de la población aun antes de la pandemia con trágicas cifras como: “La depresión afecta a 264 millones de personas en el mundo”, “la economía mundial pierde alrededor de 1 trillón de dólares al año a causa de la depresión y la ansiedad” y “las personas con severas condiciones mentales mueren entre 10-20 años antes que la población general”. Pero ¿Qué tiene que ver esto con los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)?

Adverse Childhood Experiences, “ACE” por sus siglas en inglés o Experiencias Adversas en la Infancia es un concepto que ha ido tomando fuerza en las dos últimas décadas y que según el Center on the Developing Child de la Universidad de Harvard, “ACE” se refiere a adversidades que los niños enfrentan en el entorno del hogar, entre las que destacan: diversas formas de abuso físico y emocional, negligencia y disfunción doméstica. Los hallazgos clave de docenas de estudios que utilizan los datos originales de ACE confirman que existe una correlación poderosa y persistente: a mayor cantidad de ACE experimentados, mayor es la posibilidad de tener un empobrecimiento físico y mental a lo largo de la vida. Los resultados de un NNA que sufre ACE son, entre otros: 2,5 veces más probabilidades de sufrir enfermedades pulmonares, 2,5 veces más probabilidades de sufrir hepatitis, 4,5 veces más probabilidades de sufrir depresión, 12 veces más probabilidades de suicidio. Y este número es solo aplicable para aquellos con solo 3 ACE’s, recordemos que a mayores experiencias adversas, peor se pone el panorama. Sigamos con la lista: Desarrollo cerebral interrumpido, afectando áreas implicadas en la dependencia a las drogas.  Inhibición de la corteza pre frontal que interviene en el control de los impulsos y la función ejecutiva, un área crucial para el aprendizaje. Tendencia al desarrollo de enfermedades del corazón o cáncer. Y por último, incluso la forma en que se lee y se transcribe el ADN del NNA, para futuras generaciones.

Hoy en día, solo una cosa puede estar incrementando las ACE y es el confinamiento. Antes de la pandemia, en Chile cada 1 hora 6 niños eran abusados sexualmente según las cifras del Observatorio Niñez y Adolescencia, habrá que esperar a ver cuáles serán las cifras cuando todo se normalice, cuando los colegios se abran (los colegios permiten la visualización de vulneraciones) y cuando los NNA puedan gozar plenamente de lo único que frena las experiencias adversas: los Factores Protectores. Estos factores protectores pueden mermar las circunstancias y están relacionados con, por ejemplo, las finanzas familiares, la salud y el bienestar de los padres, la relación padres–hijos y las relaciones de pareja de los padres. Factores que, demás está decirlo, también se han visto severamente afectados.

Para concluir, cabe destacar que si bien el Sename tiene una amplia gama de programas ambulatorios para prevención y reparación de maltrato, estos tienen una lista de espera que en algunas regiones como la Metropolitana asciende al 60% del total de ingresos (37.386 NNA en lista de espera a Junio 2019), es decir, desde que un NNA ingresó por vulneración de derechos al sistema, pueden pasar hasta 6 meses para que este sea atendido y ayudado, cuestión que aún no ha sido resuelta.

Creo devotamente que guiar una política basada en datos y que tenga en cuenta estos indicios, es sino la única manera de generar oportunidades que permitan explorar el potencial de los niños, generando progreso para las naciones y, aún más importante, prevenir una futura generación mental y físicamente enferma.

Nota: toma este quiz y podrás percibir quiénes están en un potencial riesgo https://developingchild.harvard.edu/media-coverage/take-the-ace-quiz-and-learn-what-it-does-and-doesnt-mean/

Referencias:

UNSDG | Policy Brief: COVID-19 and the Need for Action on Mental Health. (n.d.). Retrieved May 21, 2020, from https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-covid-19-and-need-action-mental-health

Center on the Developing Child Harvard University | ACEs and Toxic Stress: Frequently Asked Questions, from https://developingchild.harvard.edu/resources/aces-and-toxic-stress-frequently-asked-questions/

UNICEF | UNICEF alerta sobre riesgos de aumento de violencia hacia niños, niñas y adolescentes por emergencia sanitaria, from https://www.unicef.org/chile/comunicados-prensa/unicef-alerta-sobre-riesgos-de-aumento-de-violencia-hacia-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y

UNICEF | COVID-19: El número de niños que viven en hogares pobres aumentará hasta en 86 millones para finales de este año, from https://www.unicef.org/chile/comunicados-prensa/covid-19-el-n%C3%BAmero-de-ni%C3%B1os-que-viven-en-hogares-pobres-aumentar%C3%A1-hasta-en-86