Seguridad social sostenible

Por Pablo Torrejón Aguirre

El carácter intergeneracional, de las decisiones que debemos tomar, hace que el encontrar consensos respecto a los sistemas de seguridad social, y en particular, los sistemas de pensiones sea una tarea difícil y cargada de matices. Significa planificar y modelar condiciones sociales a futuro. El sistema de pensiones tiene el fin de construir un presente y futuro seguro para las personas, por la misma razón es importante abordar por separado las discusiones. Por lo tanto, tras la aprobación del retiro del 10% de los fondos de pensiones, es necesario abordar esa otra dimensión de la discusión, aquella de los puntos en común sobre cómo queremos que sean las próximas décadas. Para pensar en sistemas de seguridad social se debe tomar en consideración la situación actual en que vivimos y paralelamente generar consensos sobre las condiciones de vida de las siguientes generaciones.

Dado la complejidad de la tarea, resulta importante reflexionar sobre esos puntos de encuentro que faciliten los acuerdos sobre las condiciones de vida de las próximas décadas. Es así entonces como al pensar en los desafíos que amenazan la seguridad social al mediano y largo plazo es inevitable recordar que uno de las más latentes y preocupantes es el desequilibrio que hemos generado en los ecosistemas de la tierra. Por tanto, si lo que buscamos es construir un futuro seguro, es razonable preguntarse entonces si la crisis climática debe ser una de las directrices de estas instituciones independiente del tipo que sea. Ya sea a través de un sistema de ahorro individual, mixto o colectivo, administrado por un ente estatal o privado se necesitará abordar la crisis climática también como un problema de seguridad social y ninguno podrá eludir la responsabilidad que significa ese desafío. Pensar en un sistema que genera condiciones de vida no puede estar ajeno al mayor desafío que enfrentamos como seres humanos ya que de poco servirán pensiones abultadas si es que no se tiene acceso al agua.

Las inversiones en energías renovables y emprendimientos sustentables se hacen cada vez más atractivas por su rentabilidad social a largo plazo. Diversos fondos de inversión internacionales ya toman en consideración otros criterios para guiar sus inversiones como por ejemplo los objetivos de desarrollo sostenible que promueven las Naciones Unidas. Lamentablemente, en este sentido aún hay mucho camino por recorrer y es probable que cualquier decisión que tomemos respecto a nuestras acciones no haga tanto efecto en la crisis climática si las inversiones no giran en la misma dirección, si es que no se vuelven éticamente responsables de las consecuencias en el clima y la biodiversidad. Es ahí donde iniciativas como “Make my money matter”, en el Reino Unido son importantes para generar ese cambio necesario de dirección tratando de generar conciencia en las personas para que pidan a los fondos de pensiones que comiencen a invertir de forma responsable dejando de lado industrias como la del tabaco y los combustibles fósiles.

Un sistema que considere como uno de sus pilares el desarrollo sostenible realizará inversiones que realmente contribuyen a una mejor calidad de vida, para las futuras generaciones y podrá recuperar en parte la legitimidad que tanto escasea hoy en día. Son nuestras preocupaciones sobre las próximas décadas aquellas que deberían constituir esta red. Poner temáticas como la crisis climática o incluso la automatización, permite abordar de mejor forma el carácter intergeneracional que significa un sistema de pensiones.

Estos sistemas han sido y seguirán siendo constantes dolores de cabeza para los países y por lo mismo es necesario comenzar a promover este tipo de conversaciones para configurar, desde su definición, un sistema legítimo que otorgue seguridad social sostenible.

Reactivación Sostenible

Por Pablo Torrejón Aguirre

En la madrugada del domingo 15 de junio, 16 economistas lograron alcanzar un marco de acuerdo para la reactivación económica, en el cual participó el gobierno y tres partidos de oposición. Este hecho marca un hito en la desgastada plaza pública nacional. 

Las diversas declaraciones de los economistas que participaron en este plan de emergencia por la protección y reactivación, confirman la importancia de este mismo, no sólo en materia económica sino también, como una reivindicación a la política de acuerdos y un fenómeno que producto de los desafíos venideros requerirá de continuidad. 

La capacidad del equipo de encargados técnicos de lograr este marco de entendimiento, habla de una rigurosidad en el proceso. Se puede tener diferencias técnicas con las medidas pero es inútil negar que los integrantes del acuerdo posean las cualidades necesarias para la creación de las medidas contempladas en este mismo. Dentro de los 16 participantes se encuentran mujeres y hombres profesionales de primer nivel, de distintas escuelas económicas y diferentes pensamientos políticos. 

Lograr un consenso entre distintas miradas económicas y políticas requiere de una enorme disposición y voluntad de asumir las consecuencias de las decisiones que se toman.

También es valorable el acuerdo en relación con nuestro calendario electoral. La situación a fines de marzo nos convocaba a hablar del comienzo de la pandemia y cómo se vislumbraban las condiciones en Chile para hablar de un proceso constituyente suponiendo los enormes desafíos políticos que nos dejaban los hechos de octubre y aquellos que en ese entonces venían por delante producto del virus. Fue en este contexto que en el podcast “Pensando en Política”, que realiza este mismo medio en conjunto con la asociación de emprendedores de Chile (ASECH), el invitado Cristobal Bellolio habló de un músculo democrático que era necesario ejercitar de cara a un proceso constituyente. Tanto en marzo  como hoy (en el contexto del acuerdo) esa personificación de la democracia adquiere mucho sentido. Las circunstancias desde aquel programa hasta la primera semana de junio no daban señales para decir que habíamos siquiera levantado del sillón a la alicaída democracia. 

Sin embargo, este domingo las noticias desde la calle teatinos daban señales de que si es posible ejercitar ese músculo. El acuerdo de los economistas del grupo  “Economistas ARI”  (Acuerdo por Reactivación de Ingresos), fue una oportunidad que sus participantes no desaprovecharon para ejercitar la democracia. 

El marco de entendimiento mencionado para un plan de emergencia gira en torno a tres ejes: 1- Marco fiscal por 24 meses y consolidación fiscal; 2- Protección del ingreso de las familias; 3- Plan de reactivación económica y del empleo.  Este tercer y último eje, dentro de otras cosas importantes propone que las inversiones estratégicas deben tener un énfasis verde y de mitigación al cambio climático. Estas palabras entregan señales que van en la dirección correcta. Estamos hablando de la crisis climática, no obstante producto de lo delicada de la situación, es imprescindible ser incisivo en este tema. La reactivación debe ser sostenible.

Al 8 de junio de 2020 el proyecto “Reactivación Sostenible”, presentado a la mesa social Covid-19 sumó cerca de 600 instituciones, desde universidades hasta organizaciones de la sociedad civil, y más de 1.500 personas al llamado hacia un camino de reactivación económica sostenible, que como menciona su comunicado, busca poner a Chile dentro de la vanguardia de la economía mundial. Este proyecto si bien no tiene aún propuestas concretas, hace referencia a temáticas claves como la inversión en hidrógeno verde e infraestructura de viviendas sostenibles, y por sobre todo, representa un excelente punto de partida para que cuando llegue el momento de continuar con las discusiones derivadas de este crucial acuerdo respecto a las medidas consensuadas, podamos seguir practicando la rutina de los “Economistas ARI”, aquella de los acuerdos. 

El marco de entendimiento liderado por el ministerio de hacienda, es un tremendo ejercicio de acuerdo técnico pero también político y una señal de que es posible encontrar puntos en común en materias complejas. Por la misma razón es que, como plantea el Ministro de Hacienda Ignacio Briones, “hagamos que este espíritu se sostenga en la etapa que viene”.

Las posiciones de liderazgo en Chile deberán replicar estas cualidades en los diversos ejercicios que se vendrán; derivados tanto de la pandemia como de la crisis climática.

Momento

Por Pablo Torrejón 

Daron Acemoglu y James A. Robinson hablan en su libro “¿Por qué fracasan los países?” sobre “el mundo que creó la peste”. En este pasaje del libro exponen cómo la plaga bubónica que llegó a Constantinopla en 1347 y que ya en 1348 se extendía por Francia y el norte de África, matando alrededor de la mitad de la población de cualquier zona afectada, transformó los aspectos sociales, económicos y políticos en las sociedades europeas medievales.  La falta de trabajadores provocó una crisis en el sistema feudal presente en esos tiempos y animó a los campesinos a exigir cambios. Particularmente, en Inglaterra, el intento del Estado por acabar con los cambios institucionales que se pedían no fue exitoso y en 1381 estalló una revuelta que decantó en un mercado de trabajo más inclusivo y con mayores sueldos. Los autores también explican que, a pesar de que el impacto demográfico que tuvo la peste negra en toda Europa fue bastante similar entre los países, los cambios institucionales que trajo no fueron iguales para todos. En Europa oriental, donde las ciudades eran menos pobladas, los señores aumentaron los impuestos que recaudaban de los inquilinos y se quedaban con la mitad de la producción bruta acrecentando el mercado del trabajo extractivo. Esta divergencia institucional derivada de una crisis sanitaria terminaría influyendo en el futuro de Europa.

La portada del 23 de mayo de 2020 en The Economist (publicación semanal con sede en Londres) lleva como título: “Seize the moment”. Según el traductor de google quiere decir “Aprovechar el momento”. Aunque parece una frase motivacional sacada de las redes sociales en realidad es muy acertada. La publicación reconoce que la crisis climática y la crisis producto de la pandemia no sólo se parecen, sino que están conectadas y además presentan una ventana para cambiar la forma de la demanda por energía. Las cuarentenas masivas alrededor del mundo han mejorado los niveles de gases de efecto invernadero con la primera semana de abril de 2020, un 17% menor respecto del año anterior, y proyectando que durante todo el 2020 podrían caer un 2-7% respecto al 2019 si es que volvemos a mediados de junio y entre un 3-13% si es que están durante todo el año dependiendo de qué tan estrictas sean. Sin embargo este es un efecto transitorio y la demanda por energía volverá y las medidas que se realicen para enfrentar la pandemia determinarán la forma que tome aquella demanda. 

Si pensamos en Chile, producto de su particular geografía, podemos determinar que es altamente vulnerable a los efectos de la crisis climática ya que cuenta con múltiples factores de riesgo: áreas de borde costero de baja altura; zonas áridas, semiáridas; zonas con cobertura forestal y zonas expuestas al deterioro forestal; desastres naturales; zonas propensas a la sequía y la desertificación; zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica; y zonas de ecosistemas frágiles, incluidos los sistemas montañosos. Como vemos afecta gran parte del territorio y ya ha mostrado algunos efectos concretos como en agosto del año 2019 cuando se decretó zona de escasez hídrica en Santiago para 17 comunas como Alhué, Colina, Til Til y Curacaví entre otras. 

El consejo que hace la revista británica es acertado pensando en los tiempos de pandemia y en lo difícil que es el desafío de la crisis climática. Las situaciones como la escasez hídrica nos comprometen especialmente en una situación de crisis sanitaria. Es en ese sentido que la peste bubónica que describe un momento, un ímpetu ganado por un objeto en movimiento, es un ejemplo de como un evento crítico puede remecer el equilibrio económico y político existente en la sociedad con resultados diametralmente opuestos. Nos permite desde un contexto histórico entender lo relevante que es cómo se forman las instituciones en momentos de coyunturas críticas en determinar el futuro de una sociedad.

Por tanto es razonable aprovechar el ímpetu del momento para que cuando, por ejemplo, se evalúen medidas de rescate a grandes empresas estratégicas nos cuestionemos qué nos puede decir esa gran estrategia, que apunta a mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia, sobre los efectos económicos y sociales de la crisis climática. Son interrogantes complejas planteadas en tiempos amargos pero es el momento.  

La negación mata

Ya con la pandemia instalada en casi todos los países de manera invasiva, las estadísticas que se pueden ver en cuanto al manejo de distintos países resultan muy ilustrativas. Las altas cifras de contagiados, así como también las de fallecidos se reparten, según los datos disponibles, de manera muy desigual entre naciones. Un dato que resalta es el como le ha ido a aquellos gobernados por presidentes considerados, según la literatura académica, como populistas, debido a la desconfianza que ellos ostentan hacia los expertos.

Para justificar lo anterior, corresponde recordar que el negacionismo por parte de figuras políticas se relacionaba, en el siglo pasado, a aquellos que desconocían las atrocidades provenientes de los totalitarismos. Hoy, la palabra negacionista toma otro sentido en la idea de negar lo que la ciencia nos ofrece y hacer política haciendo caso omiso, muchas veces, a sus recomendaciones. Se puede asociar, reafirmado por distintos sucesos ocurridos esta semana, que aquellos presidentes caracterizados cómo populistas se comportan, entonces,  como negacionistas, al desoír a los expertos considerándolos como una elite no preocupada de los problemas reales del pueblo y buscando una “democratización de la ciencia” representada en ellos mismos, descreyendo del cambio climático, o en su momento del COVID-19 al evitar medidas drásticas y buscar con él, parafraseando a Boris Johnson, mejorar el sistema inmune de los individuos.

Hoy al ver las estadísticas de los países gobernados por este tipo de líderes, no queda más que asociar gran parte de sus malas cifras a esta deprimente conducta que ha cobrado miles de vidas. Tal como Johnson, Donald Trump, Jair Bolsonaro o, desde la otra vereda, Andrés López Obrador han reaccionado tarde para enfrentar al virus, sin querer desviar sus planes corrientes frente a esa fuerza externa que les quita la soberanía de las decisiones programáticas y llevarlos a actuar de emergencia. Hoy estos países son líderes en la parte oscura de las estadísticas del coronavirus.

Esta lamentable situación puede enseñar las trágicas consecuencias que surgen al desestimar la ciencia, y que podría ir muchas veces de la mano con líderes populistas. Aquí en Chile muchos políticos se acercaron a Jair Bolsonaro y competían por sacarse primero la foto con el nuevo presidente de Brasil. Si bien en Chile pareciese verse lejano un personaje de esas características, más allá del atractivo que haya tenido, en su momento para algunos Jair Bolsonaro, nunca se puede decir que se está libre de que emerjan líderes que se atribuyan la representación de los sentimientos latentes de la nación y que les bajen el perfil a pandemias por llevar a cabo su programa, que involucra una guerra contra la ciencia y los expertos tras ella.

Valorando el intento de la academia por estudiar el fenómeno del populismo, dejando cualquier adjetivo calificativo y teorizando con ojos neutrales, las experiencias que estamos viendo, de gobiernos que calzan en la categoría, no pueden sino reafirmar que en la práctica conlleva consecuencias negativas.

Ad portas de los desafíos medioambientales, el COVID-19 ha puesto en evidencia, a través de Estados Unidos, Brasil o México, los riesgos de tener a populistas a cargo y sobre todo la triste realidad de que, a la larga, la negación del siglo XXI, mata.

La naturaleza está ahí, escondida

Innumerables son las teorías conspirativas sobre el origen del coronavirus, con supuestos argumentos científicos, políticos, económicos, etc. Lo cierto es que el repertorio da para largas noches de cuarentena. Sin embargo, esto no hace más que lucir la noción de que los seres humanos fracasamos al abandonar la mirada centrada en nosotros mismos.

Esta pandemia se inclina como un nuevo -y temo que no el último- cachetazo de la naturaleza a la civilización humana advirtiendo que está ahí, escondida. Es cuestión de ver a sus integrantes más valientes ¿o quizás a los más angustiados? husmear rincones que los humanos deshabitamos circunstancialmente, plasmando escenas que dan la sensación de que hay un intruso en la casa: pumas en comunas de Chile, tortugas en peligro de extinción en playas de Brasil, cabras salvajes en una ciudad de Gales, entre otras fotografías.

Esta mirada centrada en nosotros mismos se ve reflejada en la paradoja antropocéntrica de que los humanos nos hemos probado tan exitosos en cambiar la naturaleza, que ahora somos víctimas de nuestro propio éxito. En otras palabras, la misma racionalidad instrumental que domina al mundo y el poder de la tecnología que se manifiesta como nuestro poder como especie, se ha convertido en nuestro mayor desafío. Es entonces que resulta imperioso reconsiderar la idea de que la vida en sociedad en si misma se basa en el hecho de que los seres humanos somos capaces de tener una existencia colectiva.

El carácter nuevo de las dimensiones que han tomado nuestros actos hace que, ante la falta de una ética valida respecto de las consecuencias de estos mismos,  la responsabilidad sobre el futuro de la humanidad se pose en los actuales encargados de las políticas públicas. Es en este sentido que los gobernantes, tanto en esta pandemia como en los desafíos venideros, deben ser provisores y actuar con sabiduría y mesura respecto al presente, que debe ser capaz de conservar un futuro al menos semejante. El diseño de las políticas de nuestros tiempos debe ser capaz de tener en consideración las futuras generaciones, de equilibrar y reorientar el dominio del hombre sobre los sistemas de la naturaleza poniendo a esta misma, como un eje estructural en las instituciones a largo plazo.  La vulnerabilidad en los seres humanos que está generando el desequilibrio de los sistemas hace imperioso que naturalicemos nuestras acciones.

En la medida en que como seres humanos seamos capaces de velar hoy por la naturaleza, podremos  proteger a la humanidad como especie, y de yapa, darnos cuenta de que no hay intrusos sino antiguos moradores.

El agua como derecho humano

El año 1981 se reformó el código de agua, estableciéndola como un “bien nacional de uso público” y un “bien económico” (al mismo tiempo), además de permitir su privatización mediante la concesión de derecho de uso gratuitamente y a perpetuidad. El titular que obtiene el derecho de aguas, según la legislación chilena, debe declarar dónde y cuándo usará el agua, sea para los fines primeros para los cuales solicitó los derechos de aprovechamiento o para usos alternativos posteriores, pudiendo mantener en forma indefinida dicho derecho sin utilizarlo. Desde la reforma del Código de Aguas existe un pago por la no utilización de este derecho, pero: el Código descartó el sistema de gravámenes a los derechos de agua y no impuso otros costos o tarifas para la concesión de nuevos derechos ni para su goce en el tiempo.

Los derechos que concede el Estado están amparados por las garantías constitucionales respecto del derecho de propiedad. En el artículo 24 de la Constitución Política de Chile declara que “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. Agregando a esto que, el Código de Aguas separa la propiedad del agua del dominio de la tierra, permitiendo la libre compra y venta, sin proteger a las comunidades del despojo de los recursos hídricos en su territorio. En definitiva, podría decirse que el país permite la concesión gratuita de los derechos de agua, sin costos por su mantenimiento o tenencia del recurso, en su uso, y sin exigir compensaciones por la generación de efectos externos. El Código de Aguas, desde 2005, exige acreditar el uso de los derechos de agua concedidos; pero no retira el derecho por no uso de los recursos, sino que exige el pago de una patente si se acumulan derechos de agua y estos no son utilizados.

Pero ¿qué significa esto en la realidad? Si vemos algunas estadísticas veremos que la mayor parte de los derechos de agua para uso consuntivo están en manos del sector exportador, principalmente agricultura, industria de commodities y minería. Mientras que, la menor parte se destina al consumo doméstico. Un ejemplo de esto es lo que ocurre en la comuna de Petorca, comuna que sufre de severa sequía y escasez hídrica desde hace años, a la vez que empresas exportadoras de paltas son dueñas de los derechos de agua y mantienen su negocio. Mientras tanto las comunidades se sustentan a través de camiones aljibes (50 litros diarios).

En este contexto actual, de extrema escasez hídrica en distintas zonas (como Petorca o Paine) y donde se ha declarado catástrofe en la región de Valparaíso parece necesario replantearse esta legislatura desde una vereda de la justicia, dejando de lado el argumento de la eficiencia. Primero cuestionemos el hecho de que esta reforma de vender los derechos se impulsó en dictadura, alejando al estado de garantizar el agua como un derecho humano. Luego, planteo la pregunta de si es acaso justo que haya personas sufriendo de escasez de agua mientras que en su localidad hay terrenos repletos de plantaciones de paltas. O si es justo que haya personas obteniendo ganancias por que gracias al agua que usan pueden exportar sus productos, a costa de secar comunidades casi completamente. Pareciera existir una evidente situación de injusticia a mi juicio. Aquí las empresas no se están haciendo cargo de las externalidades negativas que producen (la sequía), por lo que sería razonable exigir la intervención estatal en esta materia y reformar el código de aguas, desprivatizándola y quedando en manos del estado para que éste la pueda gestionar de una forma más justa, anteponiendo los derecho de las personas a las ganancias de las empresas.

El movimiento de defensa por el acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente (MODATIMA) surge en consecuencia de estas evidentes injusticias el año 2010, y llevan desde entonces luchando por que se reforme la ley de agua, lo cual no es sencillo puesto que requiere un cambio constitucional. Sin embargo, es un camino que más temprano que tarde tendremos que recorrer como país.

Ilenia Gottesmann


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El impuesto intocable

Hoy en Chile y en el mundo está en boga la problemática medioambiental. Quizás hay quienes creen que el calentamiento global existente hoy es parte del ciclo de la tierra, pero lo innegable es que el planeta se está calentando. Prueba de ello son las imágenes del Ártico donde se expone la evolución histórica que ha tenido esta región, o también el evidente retroceso que han experimentado los glaciares a nivel mundial. Para nadie será noticia, por ejemplo, que en la V región de nuestro país los animales se estén muriendo producto de la crisis ambiental existente (claro que acá la falta de agua es profundamente agravada por la industria agrícola de la zona). ¿Podemos como país hacer algo para frenar esta hecatombe ecológica? Claro que sí, hay mil cosas que podemos hacer, pero cada posible acción tiene sus detractores. Sin embargo, existe una medida que ayudaría a reducir las emisiones de carbono, aumentaría las arcas fiscales y reduciría externalidades negativas para acercarnos al óptimo social: hablamos del impuesto al diesel.

Actualmente en el país los hidratos de carburo reciben un impuesto dependiendo si se trata de diesel o bencina (1,5 y 6 UTM por metro cúbico respectivamente). Esto altera el mercado de los combustibles, pues provoca de manera artificial que el diesel sea notoriamente más barato que la bencina. Sin embargo, si de momento ignoramos esta distorsión económica, el principal problema no es la diferencia de precios, sino el hecho de que el diesel emite más material particulado que la bencina, por lo que al incentivar el uso del diesel estamos aumentando el material particulado en el aire, lo que conlleva efectos perjudiciales en la salud.

Pero volvamos otra vez al análisis meramente económico (sin externalidades). Si a nivel de consumidores individuales (estos son personas o ciudadanos comunes y corrientes) la diferencia de impuestos ya era perjudicial, al considerar el sistema impositivo en empresas esto se vuelve peor. En Chile las empresas transportistas que utilizan diesel pueden exigir una devolución de entre el 38% y 80% del impuesto específico, mientras que las empresas no transportistas pueden recuperar el 100% de este tributo. Sí, leyó bien; el 100%. Esta modalidad no solo “perdona” este cobro a las empresas no transportistas, sino que también incentiva a las firmas a declarar falsamente que no todo el diesel empleado se utilizó para actividades de transporte (y hay evidencia empírica de que esto sucede), permitiéndoles así evadir este impuesto.

Si el actual esquema impositivo es tan malo, ¿cómo es que no se ha subido el impuesto del diésel a 6 UTM a pesar de que así reduciríamos las emisiones de carbono y de material particulado, aumentaríamos las arcas fiscales, descongestionaríamos las ciudades y carreteras, e incentivaríamos el uso de energías menos containantes? La respuesta tiene un alto contenido histórico: si se toca el impuesto al diesel, se toca inevitablemente el bolsillo de los transportistas. Chile tiene malos recuerdos del paro de camioneros en 1972, y este gremio ha demostrado que aún tiene una gran capacidad de coordinación (sino basta recordar, por ejemplo, el paro efectuado el año 2008, o las amenazas de paro realizadas el año pasado). Todo esto ha convertido a esta medida en un tabú, volviéndola en una especie de impuesto intocable, a pesar de que a todas luces sería una medida socialmente preferible.

¿Cómo poder avanzar si existe un grupo de presión tan coordinado y efectivo? La respuesta es de simple ocurrencia, pero de difícil aplicación: de alguna manera hay que restarle poder a este gremio. Aunque poco se ha hecho en esta dirección, lo cierto es que al menos algo se ha intentado. El actual gobierno anunció un proyecto que va en esta línea: Chile sobre Rieles, una iniciativa que estima desembolsar 5 mil millones de dólares al año 2027 y que podría promover el uso de trenes en lugar de camiones para el transporte nacional. Otra posible solución sería liberalizar el cabotaje, para así incentivar el uso de la vía marítima en reemplazo de la terrestre, aunque pareciera ser que una iniciativa como esta es incluso más difícil que suceda. 

Es muy complejo restarle poder de la noche a la mañana a un grupo tan organizado, y esta tarea se vuelve casi imposible si el colectivo además posee la capacidad de paralizar al país. Sin embargo, en los grandes desafíos suelen esconderse enormes recompensas. Los beneficios de avanzar en esta dirección son indudables, por lo que con precaución y decisión debemos continuar hasta alcanzarlos.

FHJ


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¿De méritos o deméritos?: El Presidente y el cambio climático

Si de galardones se trata, muchos son los ejemplos que podemos encontrar al hacer un recorrido por la historia reciente. Muchos de estos, también, han sido adjudicados en medio de grandes controversias. El más emblemático probablemente sea el caso de Henry Kissinger que, en 1973, le fue conferido el Premio Nobel de la Paz, al mismo tiempo que era activo promotor de la Operación Cóndor, un plan de inteligencia y colaboración entre los servicios de seguridad de las dictaduras militares latinoamericanas en conjunto con la CIA. Durante los años 70’, dicha asociación fue responsable de la persecución, represión, asesinato y tortura en contra de políticos y de miles de civiles disidentes de cada régimen.
Entre otros casos polémicos, menos grotescos por cierto, podemos citar el de Gandhi, que nunca recibió -todos sabemos sus méritos- el mismo premio antes mencionado; o el hecho de que a Queen, Bob Marley, Tupac u Oasis nunca les haya sido otorgado un Grammy. El no Óscar a Pulp Fiction, es otro ejemplo. Ni el ausente premio del pasado lunes a nuestra querida Christiane Endler se salva, que para nosotros es la mejor arquera del mundo.

Ahora bien, ¿qué tienen en común los casos aludidos? El que en ninguno ha habido consenso absoluto con respecto a su entrega, o por lo menos uno relativamente razonable que despeje las dudas sobre la legitimidad de su asignación. No quiere decir esto que haya un fraude en la entrega de éste necesariamente, sino más bien que, por lo menos desde un punto de vista, el escenario ideal hubiese sido distinto.
Y por ello es que llama la atención el premio “Global Citizen Award 2019” otorgado al presidente Sebastián Piñera el pasado lunes, que le retribuye su lucha contra el cambio climático, al mismo tiempo de que en el país se vive una crisis ambiental. Y lo de crisis no es para menos, si se toma en cuenta lo ocurrido en Puchuncaví y Quintero, en donde producto de la gran contaminación emitida por centrales termoeléctricas -que de paso son altamente nocivas para el medioambiente pero siguen en pie-, la población resultó gravemente dañada e intoxicada.
Lo anterior ha puesto sobre la mesa el debate sobre las zonas de sacrificio en Chile que, sumado a la crisis hídrica son la muestra más pura de que el cambio climático debe ser combatido y aún se está al debe en aquella gesta. Y lo peor de todo: las comunidades más vulnerables son quienes pagan el pato.
Tampoco el gobierno chileno firmó el Acuerdo de Escazú promovido por la Cepal y las Naciones Unidas que se celebró el año pasado, el cual tiene como objetivo establecer protocolos para la protección del medio ambiente, dando más resguardos a los ecosistemas de los países participantes.

Esas son parte de las razones de la ilógica situación vivida el lunes. El Estado debe tener un rol activo en la lucha contra el cambio climático, sin hacer oídos sordos a situaciones en donde se están vulnerando los derechos de ciudadanos y se están contaminando nuestros ecosistemas. Los mercados por sí solos, entonces, parecen no estar funcionando plenamente bien. Y esto básicamente por lo que se conoce como fallas de mercado. Más específicamente, por dos: las evidentes externalidades negativas producidas y el hecho de que los agentes económicos son, en realidad, miopes, y no racionales como plantea la teoría económica clásica -si lo fueran velarían por su bienestar, no dañando el medioambiente, pues les conviene no hacerlo-. Así, la institucionalidad pública es la encargada de corregir esa irracionalidad y las externalidades que ella supone.

Lo curioso de aquello es que en gran parte del mundo, incluído Chile, el argumento se ha desarrollado prácticamente al revés. Y es que ha sido la población la que ha salido a las calles a manifestar su descontento, siendo una niña de dieciséis años la que precisamente lidera la lucha; relegando a los Estados a un plano en donde quedan al debe en materia climática y haciendo oídos sordos a su rol mitigador de fallas de mercado. Agravándose esto cuando nos referimos a EE.UU y Brasil, dos países con gobiernos abiertamente negacionistas del cambio climático, que han incluso rebatido argumentos científicos en favor del crecimiento económico.

El desafío entonces es que el presidente Piñera continúe en esta senda que se inicia y le haga honor al premio recibido, tomando las medidas pertinentes con la realidad nacional y en cuanto a acuerdos multilaterales. También -por qué no- aventurarse en campañas fomentando la disminución del consumo de carne a nivel nacional, tal como lo han planteado las Naciones Unidas. Es positivo en este sentido el que al menos no seamos defensores de la corriente negacionista y que sí se han tomado algunas medidas valorables. Por consiguiente, quedamos a la espera de que el galardón no sea pura victoria política como se ha dicho. Que ya que no le funcionó el crecimiento -su eterno caballito de batalla- y las reformas en educación y seguridad, la lucha contra el cambio climático es la oportunidad para convertirse en líder de algo. También es cueca dicen algunos. Ojalá que no. Y que las intenciones sean reales en beneficio de nuestro planeta, las comunidades del presente y las del futuro. Lo importante aquí, ha dicho el ex presidente Lagos hace un par de meses en entrevista con CNN, es la “toma de conciencia permanente” sobre lo que está pasando en nuestro planeta. Y para ello la acción activa del Estado es elemental.

Matías Acuña Núñez