La patria de todos y todas

Por Matías Acuña Núñez

Cuando ya ha pasado una semana de la celebración de fiestas patrias es inevitable para mí realizar una reflexión producto del escenario que vivimos y que se nos viene.

Es un hecho que lo que comúnmente se entiende por “patria” genera poca simpatía en un sector importante de la sociedad, lo cual es entendible, desde mi punto de vista, cuando observamos que este concepto ha sido asociado históricamente a un sector político en particular. No es novedad que asociaciones de extrema derecha como Patria y Libertad o el Partido Republicano han hecho uso de los símbolos patrios y los han consagrado como parte de su propia identidad política. Tampoco es novedad que muchas veces este tipo de posturas, esto es, las nacionalistas, han estado enlazadas con conductas que relativizan y no respetan necesariamente la dignidad humana, tales como el racismo, la xenofobia, la homofobia o el machismo. Los nazis y los fascistas son, de hecho, versiones exacerbadas de los nacionalistas.

Sin embargo, creo importante hacer una distinción, primeramente, conceptual. La patria o, si se quiere, la nación, puede ser entendida desde dos dimensiones: una excluyente y una inclusiva. La primera supone una idea de nación autoritaria, que antepone el principio del orden por sobre todo. Esto tiene efectos en la preservación del orden social (en desmedro, muchas veces, del progreso social) y el gran énfasis que se brinda al mantenimiento del orden público. A mi entender, esta concepción es la que ilustra más certeramente la idea de “patria” de los sectores políticos de extrema derecha mencionadas en el párrafo anterior y que causan tanto resquemor en buena parte de la población.

Afortunadamente esta no es la única visión de “patria” que existe. Al menos no conceptualmente hablando. Como adelantaba más arriba, también existe la denominada “nación inclusiva”, la cual persigue el progreso social e, irrestrictamente, la democracia y sus valores.

De esto es posible concluir que no es correcto afirmar que “la patria” le pertenece a un sector político.

Pero otra cosa es con guitarra: podríamos señalar que, en la práctica, efectivamente una forma de nación predomina por sobre la otra. Desde un punto de vista que suscribo, en el corazón del estallido social de octubre yace la idea de que la patria de la que somos hijos no nos abraza a todos y a todas como iguales. Hay ciudadanos que no sólo son más privilegiados que otros, sino que pareciera ser que, a todas luces, son más importantes. De ahí que surja un resentimiento tan grande hacia un Chile que se concibe como injusto e indigno. Desde esta óptica, las instituciones en nuestro país -el “sistema”- tendría más que ver con la concepción excluyente, que con la inclusiva.

Este análisis también se puede aplicar al conflicto en La Araucanía. Probablemente el pueblo mapuche sea la expresión máxima de los problemas que surgen del concepto de nación, y particularmente de los que trae consigo el vivir en una nación excluyente que no reconoce a todos los ciudadanos como iguales. Basta sólo leer un poco de historia para notar que los mapuches han sido excluidos del bienestar en el aspecto cívico, cultural y económico, y de la participación política a lo largo de la historia y hasta el día de hoy.

En un momento en que estamos ad portas de discutir las bases de nuestro nuevo pacto social sería interesante hacernos cargo de estos temas. Para ello, la concepción de nación inclusiva pareciese tener algunas claves, la cual asocio a la tradición política de “patriotismo constitucional” (el sociólogo Daniel Chernilo tiene una columna homónima muy interesante al respecto), que plantea primordialmente 3 principios: un compromiso irrestricto del Estado con los derechos humanos de todos quienes residen en el país, derechos sociales garantizados universalmente que permitan el desarrollo de una vida digna, y promoción de las libertades individuales con sujeción a la igualdad ante la ley1.

Si bien es cierto que hay que bajar las expectativas en torno al resultado del proceso constitucional, ya que probablemente no será la cura a todos los dramas que existen en la realidad chilena, también es cierto que este resultado, sí puede tener efectos prácticos y reformular las reglas del juego, si es que se dan las condiciones.

Y más aún, el sólo hecho tener la posibilidad de sentarse a conversar sobre lo que nos aqueja y sobre cómo podemos formular un proyecto que lo enmiende y cimiente el marco institucional que nos regirá para las próximas décadas, es muy valioso en sí mismo. Es una demostración extraordinaria de soberanía popular, de ciudadanía y de libertad. Porque no hay pueblo más libre que el que decide, en conjunto, su propio destino. Ese, propongo, es el patriotismo que debemos defender, porque no hay nada menos patriota que las decisiones las tomen unos pocos.

Es cierto que nuestra patria no va cambiar lo que fue; las aberraciones de nuestro pasado están ahí, y por eso es que es tan importante la memoria. Pero el proceso constituyente se instala como una ocasión invaluable para determinar lo que queremos que sea. Tengo esperanza de que será un hito de sanación y de reencuentro con la patria que alguna vez quisimos. O el momento de hacerlo por primera vez. Y es que después de todo, como Víctor Jara sostuvo alguna vez: también existe el amor a la patria.

1 Chernilo, Daniel. 2019. Columna “Patriotismo Constitucional”. https://comentarista.emol.com/1707474/10237521/Daniel-Chernilo.html

Contra la pena de muerte

Por Matías Acuña Núñez

Últimamente hemos sido testigos de una serie de sucesos atroces que han hecho de esta cuarentena un período aún más angustiante. Entre ellos se encuentran el caso de Norma Vásquez, el de Antonia Barra y el de Ámbar Cornejo, que es -tras enterarnos del historial de su presunto asesino- de lo más inexplicable e inaudito que hemos sabido en el último tiempo. Un despropósito, sin duda, que acabó lamentablemente en las peores consecuencias.

No es, por ello, una sorpresa, que en la población hayan despertado sentimientos de rabia, indignación y de injusticia, a partir de lo cual ha vuelto a la palestra una vieja discusión que se abre de vez en cuando: la restitución de la pena de muerte.

Tanto es así, que en la encuesta Pulso Ciudadano de la semana pasada, el 67% de los chilenos está de acuerdo con que se restablezca esta medida, y sólo 2 de cada 10 está en desacuerdo o muy en desacuerdo con ello.

Pese a la adhesión y el fervor, esta idea es, desde mi impresión, no sólo controversial, sino que profundamente incorrecta, y, por cierto, anacrónica al presente que vive Chile. 

En primer lugar, porque es contraria al principio de que todas y todos tenemos derecho a la vida sólo por el hecho de ser seres humanos. Aquello, que a primera vista se puede entender como trivial, no lo es, puesto que implica, elementalmente, que el Estado debe proteger ese derecho. Esto significa que no debe interferir en la capacidad de vivir de los individuos, puesto que esa es condición necesaria para el desarrollo de su libertad. Y la libertad es fundamental para cualquier sociedad que se dice democrática. Entonces, naturalmente, un Estado que cree que para lograr una sociedad justa es preciso que se respete la libertad de sus individuos, no puede permitir la pena de muerte. Y es que no sería sólo incorrecto, sino que también injusto.

Sin embargo, cabe preguntarse -dadas las atrocidades que enunciamos al principio-: ¿por qué sería injusto castigar con la pena máxima a alguien que hizo tanto daño a la sociedad y que, de hecho, en la medida que es concebido como un peligro público, podría eventualmente cometer un crimen aún peor en el futuro? Podemos responder a esta pregunta desde dos perspectivas.

Desde la primera perspectiva se requiere comprender, primero, que matar es un acto malo en sí mismo, porque se atenta para siempre contra la libertad de un individuo. El que alguien haya matado a 100 personas no justifica que el Estado lo mate, porque de esa forma este último estaría cometiendo un crimen, y eso es incorrecto. Y lo es más aún si pensamos que nos estamos refiriendo, ni más ni menos, que al propio Estado, entidad que tiene, a mi entender, el deber de corregir los defectos de la naturaleza y de los propios individuos, y velar por el progreso ético e intelectual de estos últimos.

Y, por cierto, ¿cuál es el principio que guiaría ese actuar? ¿Matarlo porque mató? ¿No es eso lo que comúnmente conocemos por “venganza”? ¿Es correcto actuar por venganza ante algo tan valioso como decidir si alguien vive o no? Me parece que aquello merece un principio más elevado que un simple sentimiento o impulso.

¿Es entonces la racionalidad -y con esto nos metemos en la segunda perspectiva- el principio que guiaría la idea de aplicar la pena de muerte? ¿Es correcto matarlo porque de esta manera evitamos que siga cometiendo crímenes? La intuición nos dice que, bajo esta lógica, sí lo sería, porque de esa forma se evita un mal mayor. Sin embargo, la evidencia no acompaña esta afirmación, ya que diversos estudios concluyen que la pena de muerte no disminuye los crímenes ni es disuasivo con los asesinos.

Por tanto, parece ser que la pena de muerte, ya sea evaluando el acto en sí mismo o sus efectos, no es una medida normativamente correcta.

Trayendo el tema a Chile, dado nuestro contexto socio-político, no me parece que sea la pena de muerte la solución adecuada a los problemas que se atañen. Si el estallido de octubre se entiende como un acontecimiento histórico en el que el pueblo de Chile se levantó en contra de la autoridad exigiendo un país más justo, una forma de interpretarlo es plantear la idea de que nuestro orden social debe ser más justo. Esto implica -desde un punto de vista que comparto- llegar a niveles sociales más igualitarios, sin por ello dejar de lado la esfera de la libertad; lo que se puede entender como -más allá de llegar a un igualitarismo material- lograr una igual ciudadanía, una igualdad en lo democrático. En donde el sexo, la raza o la preferencia sexual no determine el respeto que la sociedad te debe, qué tan libre puedes ser, ni las ventajas y costos que obtendrás de la cooperación social.

Volviendo a la premisa que se plantea al principio del párrafo anterior, la evidencia internacional nos señala que la pena de muerte es profundamente discriminadora con los pobres y las minorías raciales, es decir, existe más probabilidad de que condenen a muerte, por ejemplo, a una persona pobre que a un rico; a un negro que a un blanco. Esto nos quiere decir que, al final, como tantas otras veces, la posibilidad de vivir de un procesado dependería del tamaño de su billetera o de la suerte de nacer en una familia con características que la sociedad ha enaltecido. Esto significa que no hay igualdad ante la ley y, por ende, el orden social da beneficios a unos por sobre otros, lo que lo convierte en injusto. Esto se aleja de sobremanera de lo que creo tenemos que aspirar como país.

La rabia que todos sentimos producto de los horribles sucesos que se han conocido en el último tiempo es absoluta y legítimamente comprensible. Los crímenes son brutales. Y como sociedad debemos estar a la altura de las circunstancias, lo que implica sancionar adecuadamente a quienes no respetan la libertad, y, más que eso, la vida misma. No obstante, debemos resistirnos -aunque sea tentador- y evitar -aunque sea muy difícil- tomar el camino más fácil. Organizar nuestra sociedad requiere, justamente, de acciones y decisiones complejas. Y eso requiere tener valentía para defender con convicción los valores de justicia para una sociedad democrática. Es un deber moral. Pensar lo contrario es lo peor que podemos hacer.

Informalidad laboral: una piedra en el zapato ante la crisis

Por Matías Acuña Núñez

Hasta antes de la pandemia, el sector informal en Chile representaba al 28,8% del empleo total, según cifras del Instituto Nacional de Estadística. Vale decir, alrededor de un tercio de los trabajadores chilenos llevaban a cabo sus actividades laborales al margen de las regulaciones formales. (Hoy esta cifra ha disminuido a 23,5%, lo que no se debe a méritos de la autoridad sino al impacto que ha generado el confinamiento al normal desarrollo del comercio, servicios de comida y alojamiento). Según el Centro de Políticas Públicas UC, serían alrededor de 3 millones de trabajadores quienes se encuentran en empleos informales.

Para entender más a cabalidad la magnitud de este fenómeno, puede ser interesante, por ejemplo, visualizar las cifras en perspectiva comparada respecto a las de los demás países, sobre todo con los que comúnmente nos gusta compararnos. Si bien en Chile la participación de la economía informal en el PIB es la menor de América Latina (20%), los países OCDE presentan tasas de 10% y 15%, en promedio. Por consiguiente, aún nos encontramos lejos de ellos en esta materia.

Además, la cifras nacionales de trabajo informal se han mantenido constantes en los últimos 15 años, por lo que no se aprecia una mejora en el último tiempo.

Por otra parte, este fenómeno puede parecer insustancial si es que no se entienden sus implicancias. A ciencia cierta, de acuerdo a la evidencia sobre este tema, el trabajo informal provoca efectos negativos que se podrían dividir en cuatro esferas. Primero, consecuencias negativas para el propio trabajador como pueden ser pérdidas en materia de productividad, menor capacidad de crecimiento de las empresas, menores e inciertos ingresos, mayor posibilidad de quedar desempleado o de permanecer en la informalidad. Además significa, y quizás es lo más delicado, un nulo acceso al sistema de seguridad social, es decir, el trabajo informal implica que a las personas no les sea garantizada protección en salud, desempleo ni pensiones. En segundo lugar, efectos negativos para la recaudación fiscal que podría ser destinada a gasto público: los trabajadores informales no se acogen al registro tributario formal. Tercero, y estrictamente en el caso del comercio ambulante informal, puede generar externalidades negativas como insalubridad, deterioro del espacio público y reducción del valor de los inmuebles. Por último, perjudica la igualdad de género, pues tiene efectos negativos mayormente en las mujeres: incluso dentro del propio mercado informal, los hombres acceden a mejores trabajos -y mayores sueldos- que las mujeres, quienes generalmente se desempeñan como empleadas por subcontrato, dueñas de casa o vendedoras ambulantes.

Como es de suponer, estos efectos negativos pueden multiplicarse en períodos de crisis. El Covid ha provocado que la importante presencia del trabajo informal en nuestro país haya sido problemática en el marco de las medidas sanitarias y económicas adoptadas por la autoridad, al menos, en cuatro momentos. Respecto a las medidas sanitarias, el fenómeno del trabajo informal fue problemático cuando, ante las primeras medidas de cuarentena, la gente se veía imposibilitada para salir a trabajar o percibía una notable caída en la demanda (ante la menor cantidad de gente en las calles), lo que les impedía traer a la casa el dinero del día para sus necesidades más básicas. Desde luego, esto sigue ocurriendo al día de hoy.

Respecto a las medidas económicas, el trabajo informal también supuso un problema. La Ley de Protección del empleo, por un lado, no está naturalmente diseñada para gente que no tiene -o tiene pocos- fondos en el seguro de cesantía, como es el caso de los trabajadores informales. En el momento en que se echó a andar esta medida, no se consideró a este segmento.

Por otro lado, el bono de apoyo a la clase media que se encuentra en trámite legislativo, tiene el requisito de que las personas deben pertenecer al Registro Social de Hogares y deben demostrar una reducción del 30% o más de sus ingresos. Los trabajadores informales no tienen como acreditar aquello, lo que nos muestra que nuevamente las acciones propuestas por el gobierno no contemplan al sector.

Por último, el proyecto más emblemático del último tiempo probablemente, el retiro de fondos de pensión, también colisiona con la realidad del trabajo informal. Y es que quienes se ganan la vida en este sector tienen nulo o escaso nivel de cotizaciones, por lo que esta medida no los beneficiará o lo hará en baja medida.

Sin dejar de referirme a este último punto, quiero centrarme en los efectos socio-políticos que significó esta política. Si consideramos que la aprobación del “retiro del 10%” es una victoria para quienes tenemos esperanza en revertir la falta de credibilidad y confianza de la ciudadanía en las instituciones, de esta victoria estarán excluidos -como ya lo están de otras cosas- los trabajadores informales. 

La persistencia de la informalidad laboral en nuestro país está lejos de ser un asunto de los trabajadores: comprende un problema estructural en el que Estado de Chile está al debe. Uno que acentúa la pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional, como también la desigualdad social y económica. Urgen medidas estructurales en esta dirección que simplifiquen la burocracia y el sistema tributario, capaciten, presten apoyo financiero y fiscalicen a la población de manera que tengan incentivos para formalizar su fuente de trabajo.

Esta pandemia nos ha mostrado que no echar mano a aspectos complejos de manera oportuna trae consecuencias no deseables y dificultades a la hora de implementar políticas públicas. Nos da cuenta, entre muchas otras cosas, que la informalidad laboral ha sido una molestosa piedra en el zapato para enfrentar esta crisis.

Links de interés

Instituto Nacional de Estadística. 2020. Boletín Estadístico: Empleo Trismestral.
https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/boletines/2020/pa%C3%ADs/bolet%C3%ADn-empleo-nacional-trimestre-m%C3%B3vil-marzo-abril-mayo-2020.pdf

Schneider, Friedrich; Buehn, Andreas. 2013. “Shadow Economy in highly developed OECD countries: What are the driving forces?”.

Chen, Martha. 2001. “Women in the informal sector: a global picture, the global movement”

López, Fernando. 2020 “Retiro del 10%: Ideas para hacerlo menos regresivo
https://ciperchile.cl/2020/07/17/retiro-del-10-ideas-para-hacerlo-menos-regresivo/#_ftn1

Centro de Políticas Públicas UC. 2020. “Propuestas de apoyo económico para los trabajadores informales vulnerables durante la emergencia del Covid-19”. https://politicaspublicas.uc.cl/wp-content/uploads/2020/05/Paper-122_VF.pdf

Narcobenefactores: ¿contribución o peligro?

Por Matías Acuña Núñez

Muchas son las amenazas que se han instalado los últimos meses producto de la pandemia que nos azota: la amenaza de la muerte y el sufrimiento; la del hambre, la necesidad y la pobreza; la de la salud mental; y la de nuestra libertad. A este respecto, si acudimos y visualizamos la realidad de los barrios más marginales de nuestro país podemos notar un fenómeno que, lastimosamente, engloba a todas las demás, y por ello es que vale la pena analizar. Me refiero a la amenaza del narcotráfico.

Si bien hoy Chile se encuentra en una etapa incipiente respecto a esta actividad delictiva -muy lejos aún de países como México o Colombia-, últimamente ha dado que hablar, tanto así que a inicios de este mes desde el ejecutivo presentaron un nuevo proyecto de ley destinado a fortalecer las sanciones en su contra.

Y es que en barrios como La Pintana, Lo Hermida o La Pincoya, la cosa no anda nada bien. Distintos dirigentes vecinales e incluso alcaldes han declarado que ante la compleja situación que se vive en los sectores vulnerables y -según expresan- a la tardía ayuda económica del gobierno, el narcotráfico ha avanzado. Este auge se manifiesta en la denominada “narcobeneficiencia”, es decir, la ayuda que están brindando las bandas criminales a las familias afectadas, abasteciéndolas de alimentos e insumos médicos. Esto, de acuerdo con el experto en crimen organizado, Steven Dudley, supone un incremento del “capital social” de los narcotraficantes.

(El capital social es un término que nos entrega la sociología para describir el grado de colaboración que existe en un grupo social, en otras palabras, qué tan afianzado está). La idea de que haya aumentado el capital social en los ghettos santiaguinos producto de la caridad de los narcos es problemático, desde mi impresión, por dos motivos: uno social y uno político.

Desde una óptica social, esta colaboración no sólo es problemática, sino también peligrosa porque, en primer lugar, se basa en una relación asimétrica y de dependencia, en la cual dominan el poder y las balas. En ese campo es difícil hablar de que se respete la voluntad y la libertad de los individuos. Porque, ¿qué de libre tiene una persona que se ve obligada a convertirse en “soldado” porque le ayudaron con la mercadería para su hogar? De esta forma es como se crean comunidades en donde la lealtad conjunta subsiste en base al miedo de que te maten. Y, en segundo lugar, esta colaboración contribuye, por cierto, a acrecentar y perpetuar este nocivo entorno.

Este contexto de sumisión y dependencia pueden tornarse más crítico aún si pensamos que en el horizonte asoma una crisis económica de envergadura. Es muy probable que grupos narcos confieran préstamos a personas necesitadas de liquidez -aún más de lo que ya ocurre, por supuesto- lo que probablemente alimentará la extorsión y la violencia de aquí en adelante.

Desde una mirada política, este aumento de capital social es problemático porque tiene el potencial de convertirse en, precisamente, capital político. Sólo pensemos en las palabras de la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, quien señala: “el Estado no está llegando. Donde está ausente el Estado, estas bandas crecen”. Entonces, se aprecia que a través de sus intervenciones en la comunidad, los narcos están cumpliendo el rol que la autoridad, la política y el Estado deberían. Esto, al final, puede interpretarse como una ganancia de poder político. Según Dudley, aquello puede motivar que las intervenciones de los narcos sean cada vez más políticas. A este respecto, no olvidar que en su momento Pablo Escobar llegó al mismísimo parlamento colombiano, con una distinguida trayectoria como narcobenefactor.

Es importante señalar que en Chile aún estamos en una etapa muy incipiente en lo que es el crimen organizado y el mundo narco. Esto, a mi parecer, tiene dos puntos en contra y uno a favor. El primer punto en contra es el que intuye el subsecretario del interior, Juan Francisco Galli, que indica que las primeras etapas del desarrollo del crimen organizado son las más violentas, porque es en ellas donde se disputa el territorio y el mercado. El segundo punto en contra se relaciona con el complejo escenario que vivimos, y tiene que ver con que puede que sea esta crisis el trampolín para consolidar el poder narco. Finalmente -y sirve de consuelo pensarlo así- estamos en una etapa en donde aún se puede prevenir. En ese sentido, el proyecto de ley es un avance, pero me temo que es sólo el comienzo de algo necesariamente más grande.

Nace así otra razón más para reflexionar respecto de lo elemental del Estado, tanto en la esfera económica como en la de seguridad; sobre todo cuando hablamos de crisis como la de hoy. Sin él, dejamos el destino de las personas y las comunidades a la peor de todas las certezas, esto es, al azar que significa la perpetuación del miedo y de las balas.

Links de interés:

Lucía Dammert, Eduardo Vergara y Steven Dudley. “Hablemos de Seguridad”. https://www.youtube.com/watch?v=uK1CGCNdLZg

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/narcovid-como-la-pandemia-marco-las-nuevas-fronteras-de-la-droga/B6SFIX5IBBFMFDM32PIWZRBMVE/

Bourdieu, Pierre. 1986. “The Forms of Capital”. http://home.iitk.ac.in/~amman/soc748/bourdieu_forms_of_capital.pdf

Poder

Por Matías Acuña Núñez

La muerte de George Floyd a manos de la policía la semana pasada ha desatado una ola de manifestaciones en Estados Unidos. En medio de uno de los momentos más complejos en mucho tiempo, la gente está saliendo a las calles a protestar contra el abuso policial y, principalmente, contra el racismo. Gracias a las bondades de la tecnología y por el hecho de que vivimos en un mundo altamente globalizado, la noticia se ha expandido rápidamente, lo que tiene a millones personas de diversos lugares del planeta apoyando esta legítima causa; ya sea mediante sus redes sociales o en la misma calle, como es el caso de varios países europeos.

La historia de Estados Unidos está marcada por una larga tradición de discriminación racista que va desde la esclavitud, al movimiento por los derechos civiles de Martin Luther King y lo ocurrido históricamente con la población indígena e inmigrantes latinoamericanos, asiáticos y europeos. Dado ello, probablemente resulte simplista atribuir sólo a Trump la responsabilidad de lo que ocurre. Sin embargo, un presidente que hizo campaña con la idea de instalar un muro para controlar la inmigración de ciudadanos mexicanos y que hoy ha respondido a las protestas con un discurso violento y polarizador, sin duda que ayuda a intensificar el descontento. De alguna forma, el mandatario ha colaborado a convertir esta lucha minoritaria, en una reivindicación social.

Los recientes sucesos se suman a la no menor cantidad de levantamientos sociales ocurridos en el último año -y en la última década, por cierto-, dentro de los que se hallan Chile, Ecuador, Francia y Puerto Rico, sólo por mencionar algunos. Aquello produce interrogantes sobre la estabilidad de la democracia, y su latente vulnerabilidad a las crisis sociales. ¿Será esto algo propio de su naturaleza? ¿Algo que yace intrínseco en un sistema que da libertades a sus integrantes para actuar de manera en que socavan el status quo?

En medio de toda esta discusión, algo que sin duda ha provocado curiosidad es la irrupción de Anonymous. La aparición de la famosa máscara en cada una de nuestras pantallas probablemente haya provocado sensaciones diversas. Por un lado, parece brindar la narrativa que estaba haciendo falta para consignar a este año como digno de un rodaje cinematográfico; lo que ayuda a la distensión en un momento en que esto es especialmente necesario (dada la catástrofe sanitaria y económica que vivimos). Pero por las mismas razones por las que para algunos supone algo entretenido, es que para otros este hecho ha despertado signos de la más grande desesperanza. No obstante aquello, ¿cuál es el origen de la máscara de la que todos hablan?

Cuenta la historia que en los albores del siglo XVII, la comunidad católica residente en Inglaterra estaba altamente descontenta con la gran represión que el Estado absolutista, dirigido por Jacobo I, les imponía. Un grupo de ellos, liderados por Guy Fawkes, organizó la llamada “Conspiración de la Pólvora”, la cual tenía como objetivo hacer explotar el Palacio de Westminster -lugar en donde se reunía el rey junto al parlamento británico- como un primer paso para acabar con la represión y establecer un Estado católico. Pese a los esfuerzos, el complot fue descubierto y sus responsables fueron ejecutados públicamente. Sin embargo, la historia se encargó de convertir a Fawkes en un símbolo de revolución, dando inspiración a la máscara que hoy forma parte de la cultura popular y que está basada en sus rasgos faciales.

Es así que nos preguntamos nuevamente: ¿Son las crisis sociales algo propio de la democracia? Aristóteles probablemente nos diría que más que de la democracia, las crisis sociales son propias de la política. Y es que -parafraseándolo- si la gente cree que tiene menos de lo que merece; se siente despreciada o socialmente inferior; y habita un lugar en donde el bienestar se desarrolla de manera desproporcionada, pueden armarse facciones que busquen un cambio. Es decir, cuando los oprimidos se dan cuenta de que son oprimidos, no tarda en llegar un levantamiento social, sea en una monarquía como la de Jacobo I o en una democracia como la que eligió a Trump.

Sin embargo, también es interesante analizar las diferencias entre la Inglaterra de esa época y la de los conflictos sociales actuales. No es difícil advertir la gran brecha temporal que los separa, lo que involucra divergencias en torno al nivel de conocimiento, información circulante, ciencia y tecnología. Las sociedades de hoy son, con toda seguridad, mucho más avanzadas que las de ayer. Y las personas, al ser más educadas, son más autónomas.

En este sentido, podemos apreciar que la tecnología ha impulsado algo así como la “digitalización de la vida”, lo cual implica que gran parte de nuestra cotidianeidad y nuestras relaciones sociales son en torno a nuestros dispositivos electrónicos. Cada persona vive su propia burbuja, mirando los contenidos que le gustan, lo que tiene efectos en la construcción de la propia identidad. Aquello podría interpretarse como sinónimo de que la tecnología nos está aislando y haciendo más individualistas, y menos propensos a hacernos parte de causas sociales. Pero académicos como Manuel Castells le dan una interpretación algo distinta. Según el sociólogo español, la tecnología, y más precisamente, las redes sociales, han aumentado el sentimiento de solidaridad entre las personas del mundo.

Por consiguiente, el acceso a la información y el conocimiento, y el avance de la tecnología nos han hecho, por un lado, más autónomos (lo que no implica que más individualistas) y, por otro lado, más solidarios. Es decir, podemos concebirlos como una herramienta para la organización social, una suerte de catalizador de las causas sociales. Al final, sociedades con más acceso al conocimiento son, probablemente, sociedades más empoderadas y democráticas. Esto toma sentido cuando pensamos en que la manifestación ciudadana de los problemas sociales es un acto profundamente democrático.

Podemos apreciar, entonces, que a diferencia de otros tiempos, hoy el conocimiento está notablemente más democratizado. Gracias a la tecnología, ya no existe un monopolio de la información por parte de la autoridad, lo que implica que esa autoridad cede algo de poder.

Y ante esta premisa, Anonymous es la representación por excelencia. Su alto acceso al conocimiento tienen hoy a varias instituciones, incluido el presidente de la nación más poderosa del mundo, amenazados públicamente respecto de revelar información comprometedora. Cierto o no, esto significa grandes obstáculos para la gobernanza, debido al efecto que provoca esta circulación de información entre las masas.

Ya no nos preguntamos, entonces, por la estabilidad de la democracia, sino que por la del poder mismo. Es la figura de la autoridad lo que está en jaque: ¿hasta qué punto el avance de la tecnología, y más precisamente, la masificación de la información son coherentes con la noción de sociedad y de política que tenemos? ¿Podrán coexistir en el futuro la sociedad de la información y el poder?

Tarea para la casa

La educación ha cambiado. Es evidente que la forma de ejercerla ha variado con los años. Se han dejado atrás los métodos arcaicos que durante mucho tiempo maltrataron a alumnos, y cada vez el rol de la tecnología, tal y como la conocemos, es mayor en las aulas. Cuando empezó a masificarse, la irrupción de la imagen supuso un asunto no exento de polémicas. Ya lo decía quien fuera una de las más destacadas impulsoras de la labor educativa, la poetisa y pedagoga, Gabriela Mistral: “Tarde o temprano los profesores comprenderán que el huésped cuya presencia les parecía un peligro (la imagen), es realmente el mayor y mejor de sus aliados”. En una época de constantes cambios, aquello resulta profundamente inspirador como enseñanza para la vida, respecto de la necesidad de ser dúctiles ante lo que nace.

Estos últimos meses, la educación también ha cambiado, por cierto. Las salas de clases se han trasladado a la casa y los niños ahora ven a sus profesores a través de una pantalla. Con las desigualdades que tiene Chile, esta experiencia puede resultar muy diversa dependiendo del hogar en el que vive el estudiante. Ante realidades como esta, la educación se convierte en una de las labores más nobles que tienen los países, porque no sólo cumple un rol instructivo sino que pasa a tener una función social. Es en las aulas donde se busca combatir la perpetuidad del desconocimiento, de la necesidad, de la pobreza y de la desigualdad. (Esto, claro, toma mayor fuerza aún cuando hablamos de países que poseen una educación pública más robusta que la nuestra).  Sin embargo, nada de eso está ocurriendo en momentos en que la labor educativa se ve notablemente limitada ante la pandemia. Por el contrario, ésta parece ser catalizadora de las grandes inequidades de las que hablamos, que comienzan justamente en el hogar.

Es una realidad que muchos niños chilenos no tienen una casa con un lugar adecuado para llevar a cabo el aprendizaje, ni viven en un barrio idóneo para ello. El que padres con distintos niveles educativos, distintas disponibilidades de tiempo (esto es más sensible en el caso de madres solteras) y distintas motivaciones en el aprendizaje de sus niños deban ahora ayudarlos con sus tareas es preocupante. No en todos los hogares funcionará la educación a distancia.

Otro elemento que ha salido a la luz con respecto a estas inequidades es el que dice relación con el acceso a internet con el que cuentan los hogares para poder obtener el material educativo. Si bien Chile tiene una estadística favorable a este respecto -ya que 9 de cada 10 chilenos tienen acceso a este servicio-, parece no ser muy ilustrativa de lo que ocurre en realidad, ya que alrededor del 50% de estos usuarios tienen acceso a la web sólo a través de su teléfono celular. Esto supone un problema para académicas como Teresa Correa e Isabel Pavez, quienes postulan que el modo de uso no es trivial. Según un estudio realizado por ellas, existe evidencia consistente de que quienes usan internet sólo por su teléfono celular tienen un menor nivel de habilidades digitales; éstas últimas son utilizadas por ellos principalmente para entretenerse y comunicarse (en videojuegos, Instagram y Whatsapp). A causa de este fenómeno, se generan “ciudadanos digitales de segunda clase”, lo que sumado a las precariedades que existen en el hogar mismo -conexión frágil, inestable, de mala calidad e insuficiente- nos permite visualizar las amplias dificultades para ejercer la educación a distancia tal y como se planea; y, por cierto, la carencia de habilidades esenciales para el futuro.

Un último punto que creo es pertinente mencionar dentro de los efectos negativos que ha traído la pandemia al ámbito de la educación, tiene que ver con lo que la literatura académica llama “efecto par”. Este concepto se define como la incidencia o externalidad que produce un alumno en el aprendizaje de sus compañeros. Existen diversos modelos que indagan esta temática y se ha encontrado evidencia a favor para algunos de ellos, lo que respalda la importancia del aprendizaje en conjunto. Esta es otra de las grandes pérdidas que ha traído la educación a distancia, y así lo han hecho saber montones de niños -reporta el New York Times- que admiten que lo que más extrañan en el confinamiento es el compartir, comunicarse y colaborar con sus compañeros, sin saber que también aquello constituye un beneficio para su aprendizaje.

Sobran motivos para pensar que la educación, tal como la salud y la economía, pasa por momentos complejos. En un presente en el que el coronavirus nos está aislando y mostrando las desigualdades que existen en el acceso a la tecnología, así como las precariedades que siguen latentes en nuestra sociedad, es imperativo tomar cartas sabiendo que son nuestros más pequeños los que se están viendo afectados (lo que es especialmente delicado por el hecho de que las brechas socioeconómicas surgen fundamentalmente a temprana edad). Es cierto que hoy es difícil plantearse proyectos de largo plazo, ya que la incertidumbre nos golpea a cada hora. Lo lógico, entonces, es pensar que luego de acabada la pandemia debemos poner atención a esas deudas pendientes. Esto es, reflexionar en torno al rol público de la educación como mitigadora de las desigualdades sociales y como precursora del aprendizaje colaborativo. Esta es, quizás, la fuente más importante para la cohesión social de la que carecemos. En ello será fundamental, por cierto, el cómo escribiremos un correlato entre la labor educativa y la tecnología, sin ir en contra de nuestra capacidad de relacionarlos con otros. Ese, me atrevo a decir, junto al combate contra el cambio climático, es uno de los más grandes desafíos del siglo XXI, y debe tomar fuerza luego de acabada la pandemia. Queda de tarea para la casa. Es de esperar que esta vez sí la hagamos. Nuestros niños y niñas lo merecen y lo necesitan.

Matías Acuña Núñez

Agradezco a Soledad Arellano por sus referencias.

Links de interés

Correa, T., Pavez, I y Contreras, J.  (2018). Digital inclusion through mobile phones?: A comparison between mobile-only and computer users in internet access, skills and use. Information, Communication & Society. Versión online, 1-18.

Pavez, I. y Correa, T. (2020). “I don’t use the internet”:  Exploring perceptions, experiences and practices among mobile-only and hybrid internet users. International Journal of Communication, 14, 2208–2226.

Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile. (2017). “IX Encuesta de Acceso y usos de Internet”. https://www.subtel.gob.cl/wp-content/uploads/2018/07/Informe_Final_IX_Encuesta_Acceso_y_Usos_Internet_2017.pdf

CIPER. (2020). https://ciperchile.cl/2020/04/08/desigualmente-conectados/

New York Times (2020). “I Can’t Believe I Am Going to Say This, but I Would Rather Be at School”. https://www.nytimes.com/2020/04/14/us/school-at-home-students-coronavirus.html?campaign_id=9&emc=edit_NN_p_20200414&instance_id=17621&nl=morning-briefing&regi_id=119123958&section=topNews&segment_id=25091&te=1&user_id=cf6ab474c4ee8fe994ede1163f32bd7b

La fragilidad de Chile

Por Matías Acuña Núñez.

Desde octubre pasado, millones de chilenos han hecho saber su descontento ante las grandes desigualdades que no ha podido soslayar nuestro país desde siempre. El tema de la pobreza, por otro lado, se ha tomado poco y nada en cuenta, pasando a segundo plano debido a no considerarse un tema de suma urgencia, probablemente por el notable decrecimiento que ha experimentado desde el retorno a la democracia. Es cierto: la “pobreza por ingresos” ha caído de 68% a 8,6%, desde 1990 a 2017, según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen). Es decir, según cifras oficiales, hoy en Chile 1.528.284 personas son pobres.

Sin embargo, en tiempos de la sombría pandemia que enfrentamos, dos concepciones distintas de pobreza se hacen especialmente relevantes: la “vulnerabilidad” y la “pobreza multidimensional”. Éstas, al ser menos comprendidas, son menos usuales en el lenguaje cotidiano.

La Comisión para la Superación de la Pobreza del año 2014 plantea que un hogar es vulnerable cuando -aún si genera ingresos por sobre la línea de la pobreza- vive con altas probabilidades de caer en ella, ya sea por un evento inesperado que le impacte económicamente o por la escasez y volatilidad de sus activos. Al día de hoy, esta definición cobra mucho sentido por el hecho de que, posiblemente, no haya evento más inesperado que una pandemia. En el caso de Chile, el 27,8% de la población es vulnerable, esto es, alrededor de 5 millones de personas. La OCDE, por su parte, es un poco más drástica en su medición y postula que un 52,65% de los chilenos viven en esta condición. Esto nos da cuenta de la gran amenaza que supone la embestida del coronavirus para este conjunto de la población, por lo que no será una sorpresa el incremento en las tasas de pobreza en los próximos meses.

La vulnerabilidad también puede ser entendida como la carencia de algún aspecto importante en la calidad de vida de los ciudadanos. Esta mirada se relaciona estrechamente con la noción multidimensional de pobreza, la cual consiste en una forma de medición distinta a la pobreza por ingresos -que es la típicamente utilizada- pues busca medirla desde distintos indicadores que entregan indicios de las condiciones de vida, y no sólo del dinero con el que viven los hogares. En Chile, medimos la pobreza multidimensional a través de la Encuesta Casen, la cual presenta 5 dimensiones fundamentales: Salud, Educación, Trabajo y Seguridad Social, Vivienda y Entorno, Redes y Cohesión Social. A diferencia de la tasa de pobreza convencional, ésta es bastante más alta: el 20,7% de la población se encuentra en situación de pobreza multidimensional, vale decir, 3.530.889 personas. Aquí es justamente donde se hace relevante esta noción de pobreza. Si nos dedicamos a descomponer las dimensiones, podremos encontrar algunos indicadores poco auspiciosos en un escenario tan adverso como el actual.

Por ejemplo, la dimensión de Vivienda y Entorno es una de las que más afecta en nuestro país a la persistencia de la pobreza multidimensional. La encuesta Casen muestra que un 21,8% de los hogares rurales y un 18,3% de los urbanos se encuentran en situación de hacinamiento o en viviendas en mal estado. Indudablemente, esto supone un deterioro de la calidad de vida de los individuos ante la falta de privacidad en el convivir diario. En tiempos en que las familias han debido quedarse en sus casas para cumplir la cuarentena, este hacinamiento se hace más complicado, ya que es poco probable que se genere la distancia social necesaria en un hogar en el que duermen 3, 4 o más personas por dormitorio, propiciándose los contagios. Además, el confinamiento es un factor que estimula la violencia dentro del hogar (el fono de violencia contra la mujer recibió un 70% más de llamadas el fin de semana recién pasado).

También dentro de esta dimensión se encuentra un indicador que evalúa los servicios básicos, el cual hace referencia al acceso que tienen los hogares, entre otras cosas, al agua. Existe un 31% de hogares rurales en Chile que no cuentan con esta condición, lo cual es un impedimento para seguir la medida básica que ha recomendado la autoridad para evitar contagios: el lavado de manos.

Un tercer componente de esta dimensión es el de Entorno, el cual también influye en el aumento de la pobreza multidimensional porque está relacionado con la accesibilidad a servicios de salud, educación y transporte dentro de la zona en que se vive, así como el tiempo que demoran los individuos a su lugar de trabajo. Las cifras advierten que existe un 23,7% de hogares rurales y un 8,2% de hogares urbanos que tienen dificultades para cumplir este indicador, lo que es delicado considerando que mientras mayor es el tiempo entre el hogar y el empleo, más crecen las probabilidades de contagio si esa persona utiliza el transporte público.

La dimensión de Trabajo y Seguridad Social es otra de las que más problemáticas. Según muestran los resultados, un 37,1% de los hogares en zonas rurales y un 29,8% en zonas urbanas presentan carencias en su seguridad social. Esto es un síntoma de otro indicador problemático que nos entrega el Instituto Nacional de Estadísticas (INE): El trabajo informal en nuestro país se ha elevado a 30,4% en los últimos meses. Esto está resultando especialmente complejo debido a que en distintas comunas y regiones ha disminuido altamente el flujo de personas en las calles, lo que ha significado una contracción de la demanda que perjudica los ingresos diarios de este tipo de trabajadores que, en muchos casos, corresponde a su única fuente de subsistencia. Por ende, los trabajadores se ven obligados a ir a trabajar -claramente con menos ventas- y hacer grandes esfuerzos para poder parar la olla. Con esto quedan de manifiesto las nulas garantías que da este tipo de empleo a los trabajadores.

La educación es otro de los indicadores que más contribuyen a la pobreza multidimensional. Un 55,3% de los hogares rurales y un 25,7% de los urbanos tienen al menos a un integrante con escolaridad incompleta. Si bien, esto no tiene efecto directo en la situación que vivimos, sí lo podría tener de manera indirecta. La literatura académica propone algo llamado “Enfoque de Determinantes Sociales”, una teoría que señala que la salud de una población no sólo se determina por el acceso y la calidad de su sistema sanitario, sino también por la distribución de los recursos, el dinero y, entre otras cosas, también por la educación. Por lo tanto, se puede aventurar en la hipótesis de que los altos niveles de población que no tienen escolaridad completa y que, por lo tanto, han gozado de menos educación en el transcurso de sus vidas, están más expuestos a sufrir los efectos de la pandemia por, si se quiere, los efectos psicosociales que genera la falta de educación. Esto es, conductas sociales irresponsables como ir a lugares públicos no siendo necesario o pensamientos escépticos tales como “el coronavirus no me hará daño” o “el coronavirus es un invento”.

Lo cierto, es que el indicador de pobreza por ingresos no es un gran precedente de la realidad que vive el país. Al mismo tiempo, indicadores más íntegros como el de pobreza multidimensional y el de vulnerabilidad nos dan una visión más acabada y nos permiten hacernos una idea de cuáles son nuestras áreas más débiles -y por lo mismo más amenazadas- y qué tan frágiles somos ante la situación que enfrentamos. Como podemos ver, existe una gran parte de la población que tiene problemas con el lugar en el que vive, con el entorno en el que éste se ubica y con su lugar de trabajo. Es decir, el lugar en el que debiésemos refugiarnos y el medio con el que debiésemos poder subsistir para hacer frente a esta pandemia, no están entregando las garantías necesarias.

Así, aquel oasis, aquel jaguar de Latinoamérica, aquella economía que se creía que era firme como el diente que se posa en la feroz mordida de un león, hoy sufre las consecuencias de la crisis biológica, dejando al desnudo una sociedad vulnerable que, ante cualquier fuerza externa de magnitud, habría de sucumbir. Una nación con una morfología socioeconómica frágil como el diente de león que carga de semillas su follaje y al mínimo roce las suelta, sin ser capaz de retenerlas para sí.

Links de interés

Ministerio de Desarrollo Social. 2019. “Informe de Desarrollo Social 2019”. http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/Informe_de_Desarrollo_Social_2019.pdf

Ministerio de Desarrollo Social. 2017. “Encuesta Casen 2017”. http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/docs/Resultados_pobreza_Casen_2017.pdf

Comisión para la superación de la pobreza. 2014. “Informe Final”. https://www.undp.org/content/dam/chile/docs/pobreza/undp_cl_pobreza_comision_pobreza_2014.pdfhttps://www.oecd.org/statistics/Better-Life-Initiative-country-note-Chile-in-Spanish.pdf

Organización Mundial de la Salud. https://www.who.int/social_determinants/es/

Instituto Nacional de Estadística. https://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2020/02/05/la-tasa-de-ocupaci%C3%B3n-informal-lleg%C3%B3-a-30-4-en-el-trimestre-octubre-diciembre-de-2019

El mejor país de Chile: el roto y el cuico

Detrás de la Estación Central de Ferrocarriles, llamada Alameda, por estar a la entrada de esa avenida espaciosa que es orgullo de los santiaguinos, ha surgido un barrio sórdido, sin apoyo municipal. Sus calles se ven polvorientas en verano, cenagosas en invierno, cubiertas de harapos, desperdicios de comida, chancletas y ratas podridas. Mujeres de vida airada rondan por las esquinas al caer la tarde(…) Se adivina que el barrio es nuevo, de esos que brotan como setas en las ciudades de América; su contacto con la parte verdadera de la capital es escaso(…) La parte nueva y la parte vieja se diferencian entre sí de una manera cortante y simbólica, como el roto y el futre, la leva y el poncho: ese maridaje fenomenal que constituye la sociedad chilena.

De ese modo arranca una de las obras más vigorosas, pero asimismo desconocidas, de la literatura nacional. Llamada “El Roto” por su autor Joaquín Edwards Bello, la obra retrata de superlativa manera la realidad del Santiago de inicios del siglo XX. Ha sido aclamada por los críticos de diferentes épocas debido a que pone de manifiesto las grandes desigualdades e injusticias sociales existentes en el centenario de la nación, lo cual conforma un escenario inmejorable para percibir a un pueblo humillado por los ricos y su soberbia, en donde la migración desde el campo a la ciudad, y la distribución geográfica que ella produjo, cumplen un papel determinante en retratar a la sociedad chilena, no solo en ese momento, sino también en perspectiva histórica.

Aquello resulta altamente contingente hoy.

Sobre todo hacia los inicios del estallido social era difícil no conmoverse con una cohesión social que se tornó impresionante. Había una complicidad muy linda. Se advertía un movimiento transversal, que aglomeraba a la ciudadanía en plenitud. O por lo menos eso queríamos creer. El pasar de los días nos demostró lo contrario. No tardaron en aparecer los fantasmas más propios de nuestra manera de ser. Se hicieron presentes -como si nunca se hubiesen ido- la polarización política, y ella trajo consigo el clasismo más atroz.

Es ese mismo clasismo que bien es retratado en “El Roto”, y que tiene larga data en nuestra historia nacional. Si bien tendríamos que adentrarnos en tiempos coloniales para entender a cabalidad este concepto, tiendo a creer que la aproximación más cercana a lo que vemos en la actualidad toma forma en los inicios de nuestra vida republicana. Y surge de una desigualdad social imperante en nuestra sociedad.

Esta desigualdad, a su vez, indudablemente nace de las promesas incumplidas de la modernidad. Es decir, de aquello que esperábamos que el progreso trajera, pero no hizo. La tarea de construir un Chile como república independiente distó mucho de realizarse inclusivamente para con el pueblo. De hecho, fueron unas cuantas familias las que desde un principio concentraron el poder económico y político. Se hicieron del monopolio de la tierra y de la actividad minera, ocuparon altos cargos políticos y dictaron las reglas del juego. Eso supuso repercusiones en todo lo demás. Y es que cuando se tiene a una elite tan instalada en su hegemonía y tan poco dispuesta a ceder de sus privilegios, es escasamente posible que se goce de una democracia genuina.

No hace falta más que hacer un recorrido por la historia para darnos cuenta de que la desigualdad no fue sólo material. Desde ese momento la sociedad chilena empezó a comprender que no había algo así como igualdad ante la ley: la justicia beneficiaba a quienes tenían el poder y se ensañaba con quienes lo carecían. La educación era para quienes podían pagarla, y los que no, debían conformarse con trabajar desde cabros chicos o acceder a una enseñanza muy precaria en el sistema público. El lugar de nacimiento en el mapa de la ciudad -o del país- determina las posibilidades de cumplir los planes de vida de los individuos, y peor aún: para la prensa eres un “poblador” si naciste en Lo Hermida, y “vecino” si vienes de La Dehesa.

Así, la modernidad tocó la puerta de sólo unos pocos. La prosperidad no fue abrazada por la inmensa mayoría, privándolos de esa dignidad que creían les era propia como miembros de la nación soberana. Los de abajo no subieron con los de arriba -se lamentaría un filósofo político muy famoso en la segunda mitad del siglo XX-, formándose dos realidades totalmente distintas. Tanto así, que éstas se hicieron irreconciliables. Aquello hizo casi imposible que no se crearan hostilidades mutuas, las que hoy se traen preconcebidas desde la cuna.

Lo anterior resulta paradójico si pensamos en que una facción es imposible de imaginar sin la presencia de la otra. Es ese maridaje del que habla Edwards, que se ha cristalizado en un nexo irrompible entre la elite y el pueblo.

Su trayectoria conjunta, no obstante, ha estado marcada por la más notable hipocresía. Y claro, si es un hecho que los vínculos entre ambos se han caracterizado por la conveniencia. La guerra supone un ejemplo magistral: la historia cuenta que el “roto chileno” como símbolo identitario se crea durante la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana y se consolida en la Guerra del Pacífico, en donde tropas de la gente más humilde y modesta fueron a darle batalla a un enemigo inventado por la nación y por la elite. Dicho conflicto tenía un trasfondo claramente económico. El roto arriesgó su vida, en el caso de 1879, para que “la patria” se hiciera de las minas de salitre más ricas, de las cuales nunca alcanzaría siquiera a pellizcar migajas.

Con todo, el clasismo no sólo no sucumbió, sino que se mantuvo de generación en generación. Y yace en el corazón de la idiosincrasia chilena. Se configura como un subproducto de la desigualdad. Una especie de artefacto que nos blinda ante la idea de ver amenazada nuestra posición en la sociedad. Un discurso con el que buscamos reafirmar ese sitio, e incluso alardearlo; distinguiéndonos desde lo más superficial, porque es necesario hacerlo saber. Algo propio de un país con tan arraigadas diferencias.

Y así es que nos convertimos en un país de rotos y cuicos…