Contra la pena de muerte

Por Matías Acuña Núñez

Últimamente hemos sido testigos de una serie de sucesos atroces que han hecho de esta cuarentena un período aún más angustiante. Entre ellos se encuentran el caso de Norma Vásquez, el de Antonia Barra y el de Ámbar Cornejo, que es -tras enterarnos del historial de su presunto asesino- de lo más inexplicable e inaudito que hemos sabido en el último tiempo. Un despropósito, sin duda, que acabó lamentablemente en las peores consecuencias.

No es, por ello, una sorpresa, que en la población hayan despertado sentimientos de rabia, indignación y de injusticia, a partir de lo cual ha vuelto a la palestra una vieja discusión que se abre de vez en cuando: la restitución de la pena de muerte.

Tanto es así, que en la encuesta Pulso Ciudadano de la semana pasada, el 67% de los chilenos está de acuerdo con que se restablezca esta medida, y sólo 2 de cada 10 está en desacuerdo o muy en desacuerdo con ello.

Pese a la adhesión y el fervor, esta idea es, desde mi impresión, no sólo controversial, sino que profundamente incorrecta, y, por cierto, anacrónica al presente que vive Chile. 

En primer lugar, porque es contraria al principio de que todas y todos tenemos derecho a la vida sólo por el hecho de ser seres humanos. Aquello, que a primera vista se puede entender como trivial, no lo es, puesto que implica, elementalmente, que el Estado debe proteger ese derecho. Esto significa que no debe interferir en la capacidad de vivir de los individuos, puesto que esa es condición necesaria para el desarrollo de su libertad. Y la libertad es fundamental para cualquier sociedad que se dice democrática. Entonces, naturalmente, un Estado que cree que para lograr una sociedad justa es preciso que se respete la libertad de sus individuos, no puede permitir la pena de muerte. Y es que no sería sólo incorrecto, sino que también injusto.

Sin embargo, cabe preguntarse -dadas las atrocidades que enunciamos al principio-: ¿por qué sería injusto castigar con la pena máxima a alguien que hizo tanto daño a la sociedad y que, de hecho, en la medida que es concebido como un peligro público, podría eventualmente cometer un crimen aún peor en el futuro? Podemos responder a esta pregunta desde dos perspectivas.

Desde la primera perspectiva se requiere comprender, primero, que matar es un acto malo en sí mismo, porque se atenta para siempre contra la libertad de un individuo. El que alguien haya matado a 100 personas no justifica que el Estado lo mate, porque de esa forma este último estaría cometiendo un crimen, y eso es incorrecto. Y lo es más aún si pensamos que nos estamos refiriendo, ni más ni menos, que al propio Estado, entidad que tiene, a mi entender, el deber de corregir los defectos de la naturaleza y de los propios individuos, y velar por el progreso ético e intelectual de estos últimos.

Y, por cierto, ¿cuál es el principio que guiaría ese actuar? ¿Matarlo porque mató? ¿No es eso lo que comúnmente conocemos por “venganza”? ¿Es correcto actuar por venganza ante algo tan valioso como decidir si alguien vive o no? Me parece que aquello merece un principio más elevado que un simple sentimiento o impulso.

¿Es entonces la racionalidad -y con esto nos metemos en la segunda perspectiva- el principio que guiaría la idea de aplicar la pena de muerte? ¿Es correcto matarlo porque de esta manera evitamos que siga cometiendo crímenes? La intuición nos dice que, bajo esta lógica, sí lo sería, porque de esa forma se evita un mal mayor. Sin embargo, la evidencia no acompaña esta afirmación, ya que diversos estudios concluyen que la pena de muerte no disminuye los crímenes ni es disuasivo con los asesinos.

Por tanto, parece ser que la pena de muerte, ya sea evaluando el acto en sí mismo o sus efectos, no es una medida normativamente correcta.

Trayendo el tema a Chile, dado nuestro contexto socio-político, no me parece que sea la pena de muerte la solución adecuada a los problemas que se atañen. Si el estallido de octubre se entiende como un acontecimiento histórico en el que el pueblo de Chile se levantó en contra de la autoridad exigiendo un país más justo, una forma de interpretarlo es plantear la idea de que nuestro orden social debe ser más justo. Esto implica -desde un punto de vista que comparto- llegar a niveles sociales más igualitarios, sin por ello dejar de lado la esfera de la libertad; lo que se puede entender como -más allá de llegar a un igualitarismo material- lograr una igual ciudadanía, una igualdad en lo democrático. En donde el sexo, la raza o la preferencia sexual no determine el respeto que la sociedad te debe, qué tan libre puedes ser, ni las ventajas y costos que obtendrás de la cooperación social.

Volviendo a la premisa que se plantea al principio del párrafo anterior, la evidencia internacional nos señala que la pena de muerte es profundamente discriminadora con los pobres y las minorías raciales, es decir, existe más probabilidad de que condenen a muerte, por ejemplo, a una persona pobre que a un rico; a un negro que a un blanco. Esto nos quiere decir que, al final, como tantas otras veces, la posibilidad de vivir de un procesado dependería del tamaño de su billetera o de la suerte de nacer en una familia con características que la sociedad ha enaltecido. Esto significa que no hay igualdad ante la ley y, por ende, el orden social da beneficios a unos por sobre otros, lo que lo convierte en injusto. Esto se aleja de sobremanera de lo que creo tenemos que aspirar como país.

La rabia que todos sentimos producto de los horribles sucesos que se han conocido en el último tiempo es absoluta y legítimamente comprensible. Los crímenes son brutales. Y como sociedad debemos estar a la altura de las circunstancias, lo que implica sancionar adecuadamente a quienes no respetan la libertad, y, más que eso, la vida misma. No obstante, debemos resistirnos -aunque sea tentador- y evitar -aunque sea muy difícil- tomar el camino más fácil. Organizar nuestra sociedad requiere, justamente, de acciones y decisiones complejas. Y eso requiere tener valentía para defender con convicción los valores de justicia para una sociedad democrática. Es un deber moral. Pensar lo contrario es lo peor que podemos hacer.

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