Reflexiones desde el extremo austral

Por Daniel Pacheco Henríquez

A comienzos de este mes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que erige el Estatuto Chileno Antártico. Iniciativa que, en términos generales, busca modernizar la forma en que opera el Estado en el continente blanco, contribuyendo a una mejor protección y fortalecimiento de los derechos soberanos que se tienen en aquél vasto territorio. De buenas a primeras, una excelente noticia, pero como bien sabemos: no todo lo que brilla es oro. Por lo tanto, como buen magallánico y observador constante del debate público, me veo en la obligación de aportar con algunas reflexiones en torno al tema.

En primera instancia, es importante dejar constancia de que este proyecto ingresa al Congreso Nacional en enero del año 2014. Naturalmente uno se pregunta ¿Por qué se viene a convertir en ley más de seis años después de iniciar su trámite legislativo? Lo cierto es que no ha sido un periplo de ardua e intensa discusión, sino más bien todo lo contrario. Hasta hace poco tiempo atrás se encontraba en estado totalmente stand by.

Lo que sin duda fue el detonante para agilizar el proceso es la serie de acciones legislativas y comunicacionales que ha emprendido el gobierno argentino el último tiempo, sobre sus pretensiones en la plataforma continental extendida en el mar austral y antártico, aspecto que afectaría los intereses de Chile en la zona polar, llevando a la Cancillería a enviar una nota diplomática en mayo pasado a su par trasandino con la intención de aclarar esta controversia. Dicho esto, lo que se desprende a la luz de estos antecedentes es que, más que voluntad, iniciativa y convicción política acerca de la importancia que tiene el seguir garantizando una soberanía efectiva en propiedad antártica, el establecimiento de la ley se entiende como una ofensiva nacional frente a los movimientos del país vecino. De no haber ocurrido esto último, cuesta imaginar que se desempolvaran los documentos relativos al tema en Santiago y Valparaíso, lo que deja entrever que claramente esta discusión distaba bastante de ser una prioridad.

Otro punto importante dice relación con que, si bien es un tema evidentemente complejo, propio de especialistas en geopolítica, cuerpo diplomático y científicos, por las implicancias que eventualmente tendrá el nuevo estatuto en términos administrativos y jurídicos sobre la región de Magallanes y la Antártica Chilena, era imprescindible atender a la opinión y conocimientos de las personas que habitan esta bella porción del país. Aunque es sabido que el Instituto Antártico Chileno (Inach) –con sede en Punta Arenas– acompañó todo el proceso legislativo, que presentaron en comisiones representantes del gobierno regional de Magallanes y de empresas que prestan servicios importantes en la zona, me parece que el centro de la deliberación debía ser en la Patagonia austral. Era una oportunidad histórica para la región, puesto que sencillamente no es posible concebir de forma efectiva el tema sin Magallanes, puerta de entrada al maravilloso mundo en cuestión.

Todo lo anterior deja de manifiesto que otra vez –como ha sido la tónica desde los albores de la República– se deja al margen, sin consideración a esta noble y aislada región, presa de una institucionalidad centralista asfixiaste. Es hora de que se abandone aquella máxima de “Magallanes como fin del mundo”, o como mero terreno de colonización, y pase a entenderse como lugar funcional, es decir, como eje estructurador que proyecta al Estado chileno, como zona geográfica que penetra hacia las tierras polares.

Punto aparte, la corta y plana visita a la región del presidente Piñera junto a la comitiva de ministros de las carteras implicadas hace pocos días atrás con objeto de promulgar la citada ley. En donde no se quiso responder ni una sola pregunta a la prensa local. Lo que alimenta la especulación de que el Estatuto Chileno Antártico bien se podría haber firmado en cualquier salón del palacio de La Moneda. ¡Insólito!

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