Causa, efecto y caos

Por Rocío Leiva Mora

Toda acción trae una consecuencia y, en una sociedad tan entrelazada y compleja como la nuestra, las relaciones causales que nos rodean muchas veces van más allá de lo que nuestro cerebro cazador-recolector alcanza a identificar. Una opinión, un tweet, una escena cotidiana alcanzada por una video cámara puede llegar al otro extremo del planeta a la velocidad de nuestra conexión a internet y, toda esta información queda a merced del “efecto multiplicador” de las redes sociales. Para bien o para mal, las acciones de los individuos ya no están solo sujetas al escrutinio de su círculo más cercano, ni la labor de un trabajador es solamente evaluada por su superior directo; esta gran lupa llamada redes sociales no solo tiene el rol observador sino, en ocasiones, un efecto distorsionador de los hechos, en ese sutil espacio donde la información objetiva y la opinión se entremezclan.

Pero hay un lado positivo. La presión que la ciudadanía ejerce sobre los gobernantes para exigir transparencia y justicia no se juega solo en las calles, sino que las redes sociales se han transformado en una nueva cancha de juego, cobrando aún mayor fuerza en este Chile bajo pandemia. Esta gran lupa la podemos ver como un instrumento útil, pero no infalible, para visibilizar hechos de injusticia, abandono de deberes por parte de autoridades, abusos de poder y un sin número de situaciones cuestionables que en otra época se hubieran pasado, tal vez, por alto.

Un hombre que llegó a ser un asesino, un sistema penitenciario cuestionable, firmas en un documento que nunca se debió firmar, un hombre que no debió quedar en libertad, una joven que no debió morir. Una concatenación interminable de causas y efectos, con más aristas de las que podríamos suponer, encuentra en este mundo de las redes sociales una ventana para exigir justicia. Pero ¿quién es el culpable en el caso Ámbar? ¿Hay solo un culpable? Lo claro es, que en este complejo entramado de conexiones causales (y no causales) no hay un solo culpable; hay culpables con nombre y apellido, pero también hay un entorno y un sistema que falló, una vez más.

Los jueces que firmaron el documento que liberaba a Hugo Bustamante seguramente vieron esta acción como un trámite más dentro de su rutina diaria, sin imaginar que su negligencia traería consecuencias caóticas y que el precio de tal error sería una vida humana. Desde siempre, toda acción ha conllevado una consecuencia, solo que hoy estas consecuencias tienen el potencial de viralizarse.

Hay quienes dicen que tal vez, si los jueces tuviesen mayor responsabilidad (quizás penal) por sus negligencias, como en este caso, liberar a un asesino, se cometerían menos errores. En un sistema donde las consecuencias de una acción van más allá de lo que uno pudiese esperar, la responsabilidad ética de los profesionales es un mínimo que debiésemos exigir, sobre todo para quienes (debido a la naturaleza de sus cargos) las consecuencias de sus acciones tienen un alcance mayor, al punto de converger a la vida o muerte de una persona.

Las redes sociales pueden ser un buen medio para poner sobre la mesa la rigurosidad, ética y el compromiso que esperamos de las autoridades y visibilizar aquellas situaciones indeseables. Esperemos, sin embargo, que no se vuelva costumbre tener que esperar a que ocurran tragedias para que las autoridades tomen con seriedad sus roles; una triste muestra de este actuar reactivo de nuestros gobiernos es la serie de leyes con nombres de víctimas que hoy rigen en nuestro país.

Deja un comentario