Los vigilantes

Si hay algo que el transcurso de estas semanas nos ha dejado claro -en un momento en el que pocas cosas parecen ofrecer señales de certeza- es que en la historia nada debe darse por sentado.

Fue hace menos de 30 años que este país dijo adiós a la más feroz dictadura de la que hayan sabido los montones de miembros de nuestra vida nacional. Los números revelados por el Informe Valech son simplemente atroces: 28.459 personas fueron torturadas; 2.125, asesinadas; y 1.102 siguen desaparecidas hasta el día de hoy.

“Para que nunca más en Chile” clamaba el verso de una canción muy famosa en los tiempos de la transición. Se erigía ésta como la representación de un emergente anhelo colectivo: ese de aprender de nuestro pasado y sacar las lecciones que nos permitieran construir una nueva vida en comunidad. ¿No era acaso ese el fin último de la democracia? ¿Que fuera la voluntad general la que determine los cauces de su destino tras una retrospección profunda? Desde luego que la respuesta ideal sería decir que sí, pero, en esta pasada, la realidad supera la ficción.

Y es que lo que ocurre hoy en Chile es brutal. A pocos días de cumplir un mes del inicio de este estallido social se contabilizan 22 muertos; 2.009 heridos; 197 personas con traumas oculares. Se han presentado 192 querellas por torturas; y 52 por violencia sexual. No, no son cifras de alguna zona de conflicto en Medio Oriente o de los primeros años de Pinochet; esto está ocurriendo en el 2019, y en Chile. Y lo que es peor, probablemente en estos momentos dichos números ya están angustiosamente obsoletos.

Estamos, pues, frente a una clara muestra de uso excesivo de la fuerza y de abuso de poder. Hoy en el país se están violando los Derechos Humanos frente a nuestros ojos y los del mundo. Realidad que no se condice con los valores de la democracia que suponemos tener. Y esto tiene directa implicancia sobre la sociedad civil, su sentir y sus posibilidades de manifestación. La violencia observada ha provocado descontento y rabia, pero también ha evocado ese miedo de antaño. Ese del que nos cuentan nuestros padres y abuelos, pero que poco atendíamos. “Ya no estamos en dictadura” era una frase que con vigor expresábamos los primeros días de protesta. Pero el desarrollo de la “Primavera chilena” se ha encargado de enseñarnos que en la historia nada debe darse por sentado.

A lo anterior se suma el audio filtrado en el que el general Rozas tajantemente afirma que los agentes del estado que abusaron durante procedimientos policiales no serán dados de baja, aunque aquello implique contradecir a su autoridad, esto es, al Ministro del Interior. Y, de paso, la voluntad del Presidente de la República. Inverosímil. 

La pregunta que surge entonces es: ¿quién vigilará a los vigilantes? ¿Quién nos protegerá de nuestros protectores? Decía Platón, en La República, que serán ellos mismos. Colocados en una situación en donde se les ha hecho creer que son mejores que aquellos a quienes servirán, tendrán el deber y la responsabilidad de hacerlo, porque es justo que así sea. En lugar de pretender privilegios o prerrogativas, ostentarán la dignidad y las intenciones morales más propicias para sus roles.

Lo que anticipaba Platón hace 2400 años tiene un símil con el principio de legitimidad. Carabineros, ciertamente, carece de este. No por nada una porción importante de las proclamas ha sido en su contra. La institución ha perdido la posición dominante en la relación asimétrica que compartía con la ciudadanía. Pensaría Platón que han dejado de creer que son “mejores”. Por ello es que no sienten aquella responsabilidad que creían justa como su contribución a la sociedad. La relación ha mutado a una hostilidad y antipatía crecientemente recíproca; lo que ha desencadenado la represión -y provocación- de la cual somos testigos, y que está peligrosamente fuera de control.

Las mutilaciones que estamos viendo en la calle no tendrán una incidencia puramente unilateral, es decir, probablemente no sólo le traigan consecuencias a Carabineros. Los cientos de torturas y abusos, y las desgarradoras pérdidas tendrán una repercusión en nuestra convivencia y forma de hacer sociedad. Hablar de deslegitimación, creo, se queda corto. En su lugar, están -preocupantemente- brotando sentimientos muy negativos. Sensaciones de odio y de rechazo total a lo que se cree es una amenaza, a la que incluso hay que temerle más que a un encapuchado. Esto supone una herida enorme para nuestra democracia entendiendo que la confianza en las instituciones es vital para su estabilidad.

Es así como de aquí en adelante la sensatez y la voluntad serán esenciales para la restitución del contrato social y, lo que es aún más urgente, de la paz. Pero para ello, antes, es imperante que haya sanciones fuertes y gestos de humildad y arrepentimiento. Y, por cierto, una reestructuración de la institución que obedezca a una modernización del propio Estado; con gran énfasis en un sistema de inteligencia y eficiencia. La policía no puede mandarse sola y debe tener trazadas las directrices de su actuar, ya que, contrario a lo que creía uno de los padres de la filosofía occidental, los vigilantes, al igual que muchos, son susceptibles a corromperse.

Sólo así es posible una reconciliación. Porque la vida democrática consiste justamente en eso: en ser capaces de convivir con el otro, con el más diferente a mí; con el que he odiado empedernidamente. Y para eso no debemos cegarnos, sino siempre encontrarnos. Aquello influirá en la elaboración del tan necesario nuevo pacto social, pues, queramos o no, de todos depende construir un nuevo Chile.  

Matías Acuña Núñez

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