La teleserie presidencialista (doblada al español latino)

Al caer el crepúsculo del pasado lunes 30 de septiembre, la gran mayoría de la ciudadanía latinoamericana se apura en llegar a sus hogares luego de una extensa jornada de estudio o de trabajo. Es hora de desconectarse y de relajarse, pero no sin antes -en algunos casos- de hacer las tareas del colegio con los hijos; labor que los padres se bancan, pese al cansancio, con la esperanza linda de un porvenir mejor. Ya cuando se han dormido éstos, los padres se arriman, por fin, al dormitorio en busca del descanso y piensan, tenazmente, en el mañana duro que se viene por delante. A veces, si es que el sueño no gana, se retribuyen el esfuerzo del día y prenden la TV para disfrutar de la teleserie de la noche. No obstante, se encuentran con otra: El presidente peruano ha disuelto el congreso. Es un nuevo episodio de esta gran teleserie que es el presidencialismo latinoamericano.

Y es que lo ocurrido en el país hermano se suma a la extensa lista de casos polémicos en el marco del sistema presidencialista que históricamente ha dominado la escena política en la región. Estos modelos, si bien en un inicio fueron basados y siguieron el ejemplo del implementado en EE.UU luego de su independencia en 1776, fueron agarrando gran fuerza -y reafirmados- en el transcurso del siglo XX; sobre todo por la herencia que dejaron los regímenes autoritarios en el caso de Perú con Fujimori, Stroessner en Paraguay, Pinochet en Chile y Chávez en Venezuela. A las democracias actuales le fueron transferidos dos elementos problemáticos: las altas atribuciones de la figura del presidente -retratado en el caso peruano- y, dado ello, su conflicto constante con el poder legislativo.

Y es en este último en el que me quiero detener, dado el hecho de que se ha convertido en factor constante y común entre los países a los que nos referimos. Sin ir más lejos, en el caso de Venezuela, hemos visto los constantes roces entre Nicolás Maduro y el legislativo, quien ha buscado quitarle legitimidad jurídica a la Asamblea Nacional de su país, hasta el punto de reemplazarla por la Asamblea Nacional Constituyente. (Esta última claramente alineada con sus objetivos políticos).

Yendo al caso de Chile, el análisis también es interesante. Desde luego, la situación no supone el caos y la inestabilidad vista en los ejemplos anteriores. Sin embargo, el presidente y su gabinete han estado en constante conflicto con el parlamento. Proyectos emblema del gobierno como Aula Segura y Admisión Justa no han visto la luz. Los constantes roces por la -a estas alturas- mediática reforma a las horas laborales es otro ejemplo. Y, para más remate, tenemos la acusación constitucional a la ministra Cubillos; lo que demostró la clara presencia de estas dos fuerzas en pugna. Así, los intereses políticos de ambos organismos están claramente confrontados. Es lo que Haggard y McCubbins llaman separation of purpose (o diferenciación de propósitos) y tiene que ver con que, como ambas entidades son separadamente responsables ante la ciudadanía, velan por intereses distintos, sobre todo cuando una de ellas está en inferioridad numérica.

Hay otros sistemas, a lo largo y ancho del orbe, que han tenido historias más felices de contar. En Europa por ejemplo, la gran mayoría de los países se rigen bajo el parlamentarismo. Gobiernos de este tipo, por definición, se nutren de mayorías políticas, producto de que el Primer Ministro -que cumple la función del presidente en un sistema como el nuestro- es elegido justamente por el congreso. Este es uno de los tantos beneficios que la literatura le atribuye a dicho sistema, que, ciertamente, no es monedita de oro; también posee defectos. Sin embargo, tiene la capacidad de evitar otros que ya hemos leído más arriba.

Implementarlo, eso sí, es indudablemente complejo. Primero, porque el presidencialismo tiene sus bases legales en la constitución, documento no fácil de alterar. Segundo, por nuestra tradición portaliana: la república presidencialista ve sus raíces en la constitución de 1833, la cual ha influido altamente en la configuración de la política local hasta nuestros días. Tercero, porque el hecho anterior ha afectado notablemente en cómo la sociedad concibe a los poderes del Estado. Claudio Fuentes señala, hace unos meses en su columna para El Mostrador, que “en Chile es tan fuerte la asociación que existe entre ‘mala política’ y Congreso Nacional, que en el imaginario subsiste la noción del presidencialismo como el único modo de resolver los problemas de la gente”. Esto se ha visto tremendamente empeorado por los casos de corrupción que desde 2015 han manchado el prestigio que tenía la política chilena a nivel internacional y desde la opinión pública.

Así las cosas, no parece haber un giro probable hacia un mejor sistema político que fomente los consensos. Sin embargo, la corrupción no encuentra sus causas en el parlamentarismo propiamente tal, sino que obedece a las facilidades del sistema y a la falta de sanciones que promueven su ejercicio. Por consiguiente, bien aplicado, un sistema parlamentario nos puede llevar a evitar el estancamiento de las reformas -ya sean de un gobierno de la ex Nueva Mayoría, Chile Vamos o Frente Amplio- y, con ello, el avance hacia procesos más eficientes y mejores resultados políticos.

El Congreso Nacional, afirma Fuentes, es un espacio mucho más abierto y representativo que el poder ejecutivo. Dado su carácter, “es ahí donde se expresa la diversidad social, cultural e ideológica de una sociedad”, más que en una decisión unilateral tomada sólo por un presidente. Y sobre todo en un país tan extenso y heterogéneo como Chile. En consecuencia, aprovechar las capacidades que tiene el poder legislativo como una institución en donde colectivamente los ciudadanos de Chile y América Latina manifiesten la democracia es un aspecto que merece la pena evaluar, según lo que hemos visto quienes hemos prendido la TV. Esto, por supuesto, en favor del progreso y de un porvenir mejor, y para que esta teleserie se convierta en una digna de ver.

Matías Acuña Núñez

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